Bien interesante es la desestimación por parte de la titular del juzgado de primera instancia número 24 de Palma de la demanda realizada contra la cadena Meliá por la explotación de complejos hoteleros en Cuba. La jueza, tal y como solicitaban los abogados de la cadena, ha decidido que los tribunales españoles carecen de competencias para entrar en cuestiones derivadas de un acto soberano de otro país „el castrismo requisó en su día los terrenos en los que se levantan los hoteles ahora en litigio„, a la vez que desechó entrar en las cuestiones de fondo sobre la legalidad o no de lo que los demandantes reclaman. Pero, si no recuerdo mal, fue el juez Garzón quien abrió la caja de Pandora al querer procesar al dictador Pinochet y entonces fueron legión quienes consideraron que la Justicia está por encima de las fronteras. Mi absoluta ignorancia de los procedimientos y aun de los principios rectores del poder judicial me impiden determinar si los actos de barbarie relacionados con un golpe de Estado y las consecuencias que se derivan de la asunción del gobierno por parte del sátrapa de turno se suceden sin que las legitimidades cambien. Pero es de sentido común el entender que una cosa deriva de la otra.
Pese a lo crucial que es la cuestión de las competencias a la hora de imputar y sentenciar en nombre de la justicia universal, no deja de ser una pena que la jueza mallorquina haya decidido no entrar en la cuestión de fondo que se dirime en la demanda desestimada. Parece bastante probado que Fidel Castro se apropió sin más, en nombre del Estado revolucionario, de las tierras que pertenecían al ciudadano cubano Rafael Lucas Sánchez Gil. Y es obvio que en dichos terrenos se levantan dos hoteles que explota la cadena mallorquina (suponiendo que quepa considerar como propia de la isla a una multinacional). Si se dejan de lado las cuestiones técnicas sobre la condición o no de los demandantes de herederos de Sánchez Gil, algo que tiene muy poco que ver con lo que aquí se discute, el asunto de verdadera enjundia es el de si resulta legítimo „por muy lícito que sea de acuerdo con las leyes cubanas„ hacer negocios a partir de un acto ilegal. Son dos, pues, las cuestiones de justicia o, si se quiere, de ética empresarial „esa rama de los principios morales que tanto ha contribuido a clarificar Adela Cortina„ los implicados en este asunto: si los actos vandálicos de un golpe de Estado prescriben o no por blanquearse la condición de golpista al asumir la presidencia del país es la primera. Y la segunda afecta de lleno a la cadena Meliá: ¿se pueden hacer negocios sacando beneficios de los actos de los golpistas? Y ni que decir tiene que el verdadero interés de esas preguntas lo tiene para nosotros la traducción al caso del golpe de Estado que dio el general Franco aquí hace más de medio siglo. Con la diferencia de que ahora no estamos hablando de la competencia o no de los tribunales españoles en las acciones de otros Estados soberanos.
