"La corrupción resta", ha sido el argumento principal que ha utilizado el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, para negarse a la generalización de la "España suma", la fórmula de coalición de todas las derechas que propone el Partido Popular para futuras confrontaciones electorales, en emulación de lo que se ha hecho en Navarra.
La frase en cuestión ha sido pronunciada el mismo día en que el juez Manuel García-Castellón, instructor del 'caso Púnica' en la Audiencia Nacional, atendió la demanda de la Fiscalía Anticorrupción e imputó a las expresidentas de la CAM Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes. Según el juez, Aguirre "impulsó", "supervisó" y "controló" un mecanismo que permitió desviar fondos públicos a la caja b del PP madrileño y financiar así campañas electorales por encima de los límites legales. Y en el mismo auto, ha citado también como investigados a 38 dirigentes políticos, funcionarios y directivos de empresas, entre los que figura Javier Monzón, entonces presidente de Indra, una empresa con participación pública, que haría sido el instrumento para recaudar fondos y aplicarlos a la financiación de las campañas; Monzón es hoy presidente no ejecutivo de PRISA, el grupo editor de El País, que ha anunciado inmediatamente las medidas previstas estatutariamente en estas eventualidades.
El auto, muy extenso, es de una contundencia extrema, y en él se dice textualmente que "la investigación arroja indicios racionales" de que Aguirre "sería quien ideó la búsqueda de recursos, que financiaran las campañas que ella misma seleccionaba, y la supervisora última de las sinergias entre sus consejeros de confianza, que impulsó con dicha finalidad". A continuación afirma que "las campañas iban dirigidas fundamentalmente a fortalecer y vigorizar su figura política y consolidarla como presidenta de la CAM" [?] "La supervisión y el control de las partidas de publicidad de las adjudicaciones de cualquier Consejería en sus contratos de publicidad se habría centralizado al más alto nivel del Gobierno regional, bajo la supervisión de su presidenta, Esperanza Aguirre". Ente otros elementos comprometedores, estaría el hecho de que Fundescam, una Fundación creada en el 2000 por el PP de Madrid y domiciliada en el edificio de la Calle Génova, fue la encargada de sufragar los actos electorales no controlados por la Cámara de Cuentas y sufragados con fondos públicos o por aportaciones de contratistas de la CAM que tenían prohibidas tales contribuciones; pues bien, el juez destaca que Fundescam estaba bajo la supervisión de Aguirre y que la expresidenta tuvo un papel decisivo y esencial en la toma de decisiones del comité de campaña electoral, que intervino decisivamente en las campañas de 2007, 2008 y 2011.
El PP gobierna en la Comunidad de Madrid desde hace 24 años, y Esperanza Aguirre consiguió acceder a la CAM en 2003 gracias al inaclarado "tamayazo" (la traición de dos diputados socialistas que entregaron el poder a los populares). Pues bien, ante la acumulación de escándalos y la detención de sus más estrechos colaboradores - González y Granados- por estrepitosos casos de enriquecimiento personal aparentemente vinculados a su gestión pública, ella siempre mantuvo que los desmanes se habían cometido a sus espaldas, de forma que sólo cabría reclamarla una responsabilidad 'in vigilando'. García-Castellón, un juez afiliado por cierto a la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura, piensa otra cosa, y sostiene la tesis de que toda la trama de desviación de recursos públicos a la exaltación del PP, con la consiguiente quiebra de la igualdad de oportunidades, había sido controlada por la presidenta. Veremos si la sentencia corrobora la acusación.
En las pasadas elecciones autonómicas, el PP, sin duda tocado por esta negra y larga historia, perdió las elecciones y quedó a cinco puntos por detrás del PSOE. Gracias a Ciudadanos y a Vox ha conseguido sin embargo continuar en el poder. Lo que plantea serios interrogantes a Ciudadanos sobre los motivos de semejante apoyo, que consolida a una fuerza cuya historia reciente no puede ser más detestable, precisamente en la Comunidad de Madrid. El partido de la regeneración consolida unas siglas corruptas sin solución de continuidad. Quienes creyeron en aquellas buenas intenciones deben estar hoy perplejos e indignados.
