Podemos presentó el martes un documento titulado "Propuestas para retomar el diálogo por un acuerdo integral de gobierno de coalición" que, en su propio enunciado, chocaba ya de frente con la posición manifestada por el Partido Socialista tras el fracaso de la investidura de Pedro Sánchez por el desacuerdo entre las dos organizaciones sobre un hipotético gobierno de coalición. Como se recordará, en las patéticas postrimerías del debate, Pablo Iglesias intentó mediante una pirueta in extremis salvar el pacto con tal de gestionar las políticas activas de empleo, pero Sánchez ya no se avino a razones: el candidato manifestó con rotundidad que la confianza se había roto y que aquella posibilidad de formar u gobierno de coalición se había frustrado definitivamente.
Con posterioridad, abierto ya el plazo constitucional de dos meses hasta la inexorable convocatoria de elecciones, Calvo, Ábalos, Lastra y el propio Sánchez filtraron la posibilidad de que, descartada la coalición, se intentase un pacto programático de legislatura. E incluso, más recientemente, Moncloa lanzó una versión dulcificada de la propuesta que sugería un acercamiento en dos fases a Unidas Podemos: primero, se firmaba para la investidura un gran pacto programático 'a la portuguesa'; y más adelante, a medida que fuera rondando la legislatura y afianzándose la confianza entre los socios, Unidas Podemos entraría en el gobierno en términos parecidos a los de la fallida negociación: una vicepresidencia social y tres departamentos ministeriales vinculados a ella.
En el otro lado y desde la ruptura, Pablo Iglesias y su entorno cercano, que han hablado poco, han sostenido una postura invariable: los de Podemos desean continuar la negociación de la coalición justo desde el punto en que la dejaron, es decir, desde la escenificación pública de la ruptura en sede parlamentaria. IU y sectores de Podemos (los Anticapitalistas, p. ej.) serían más flexibles.
El choque de trenes parecía inevitable, y así ha sido: a las pocas horas de hacerse público el documento de UP, que plantea cuatro escenarios distintos de coalición, en que la única variable real sería si Iglesias tendría control sobre Transición Ecológica o sobre Trabajo, el PSOE consideraba "inviable" la propuesta. "La negociación realizada y la posterior votación parlamentaria han contribuido a acrecentar gravemente la desconfianza entre ambas formaciones", decía literalmente el comunicado socialista, en el que también se subrayan "importantes diferencias en cuestiones de Estado" entre ambos proyectos, "como es la crisis de convivencia en Cataluña".
El documento socialista repasa la negociación fallida, en la que Unidas Podemos rechazó una vicepresidencia de Asuntos Sociales, que sería para Irene Montero, y que implicaba la presidencia de la comisión delegada para coordinar todas las políticas sociales del Gobierno, con los contenidos de todas las áreas de Bienestar Social y Dependencia, incluido el Comisionado para la Pobreza Infantil, y también tres ministerios: Vivienda y Economía Social; Sanidad, Asuntos Sociales y Consumo. El argumento para no aceptar la propuesta fue que las carteras "estaban vacías de contenido".
Es disparatado que quien se negó, por desconfianza, a aceptar aquella golosa oferta intente ahora recuperarla como si nada hubiera ocurrido. Después de aquello, se entiende perfectamente que el comunicado que los socialistas defienden "un único Gobierno, con una estructura de funcionamiento clara y eficaz que evite la existencia real de dos Gobiernos dentro del mismo Consejo de Ministros", lo que conduce a una nueva/vieja disyuntiva: o Pablo Iglesias acepta el pacto de legislatura o de investidura sobre la base de un programa acordado, o vamos irremediablemente a nuevas elecciones.
Iglesias lleva sobre los hombros una gravísima responsabilidad en este asunto, ya que ha frustrado por dos veces un gobierno de mayoría socialista, y una tercera vez podría ser para él inhabilitante. Pero también la minoría mayoritaria socialista y, en general, toda la clase política del país tendrán que dar explicaciones al electorado por esta incapacidad de traducir la voluntad popular en instituciones de gobierno. Unas nuevas elecciones irritarán a la gente, que castigará a quienes consideren culpables del desmán. Quizá, a toda la clase política en su conjunto forma de clamorosa abstención. De cualquier modo, esto es jugar con fuego. Y con la buena voluntad de todos.
