Finalizó julio con 12 mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas, con edades entre 25 y 74 años, más un niño de 10 años, presuntamente asesinado por su padre, y otro niño en estado crítico después de que su padre le disparara tras matar a su madre. Cinco de los presuntos autores se suicidaron después de cometer el acto criminal, tres eran pareja, uno era esposo y padre del menor al que disparó, y el otro, padre del menor de 10 años.
Los asesinatos de mujeres y los suicidios posteriores de los autores tienen mucho en común con el terrorismo yihaidista, actúan individualmente, movidos por causas emotivas, son bastante imprevisibles y están dispuestos a morir una vez cumplida su "misión". Después de que algunos políticos de determinada ideología preconstitucional haya equiparado a las mujeres o al niño asesinado con el suicida, hay una cuestión que sobrevuela la comparación. ¿Porqué los mismos políticos no equiparan a las personas que han muerto víctimas del terrorismo con los autores?
Desde el año 2003 más de 1.012 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas. Desde que en el 2013 han sido asesinados por el padre o padrastro 29 menores con el fin de hacer el máximo de daño a la madre, mas aún que su propia muerte. A estas luctuosas muertes, hay que adicionar a los más de 243 niños, niñas y adolescentes que han quedado huérfanos.
La crudeza de los datos nos obliga a una reflexión doble. ¿El sistema protege suficientemente a las mujeres y menores víctimas de la violencia de género? ¿Que prevención se ha realizado para que las nuevas generaciones no reproduzcan el modelo de relación violenta en la pareja?
Desde el año 2003 ha habido avances cuantitativos en el establecimiento de normas que permiten la protección de las víctimas, desde el momento en que la denuncia activa los mecanismos jurídicos de protección. La ley integral contra la violencia de género pretende ser un código que establece una hoja de ruta sobre los recursos para la debida diligencia en la protección de las víctimas, la sanción al delincuente, la reparación del daño y la restitución a la víctima de su proyecto de vida. Sin embargo diversas razones han obstaculizado la aplicación de la normativa y de un modo especial: los prejuicios de género de los operadores jurídicos que, en demasiados asuntos, han infravalorado el riesgo de nuevas agresiones (el último caso el 31 de julio pasado, en Burgos donde el autor tenía dos condenas por delitos relativos a violencia de género), o debido a una concepción propia de un sistema patriarcal no han acordado medidas de protección para los hijos y las hijas, entre ellas la suspensión del régimen de visitas y de la patria potestad.
Las medidas sociales unas veces reguladas normativamente como son las ayudas para menores víctimas de violencia previstas en los artículos 23 y 26 de la ley balear 8/2018 de 31 de julio de apoyo a las familias y la mas reciente ley de orfandad de 10 de marzo del año en curso, establece que los hijos e hijas de mujer asesinada por su pareja o ex, tiene derecho a una pensión mensual de orfandad igual o superior a 600 euros.
La prevención ha sido otra damnificada de la crisis económica, apenas se han desarrollado medidas de prevención, y este es uno de los retos del Institut Balear de la Dona, dedicar sus esfuerzos a la prevención y sensibilización sobre la violencia de género, prevención para que los y las adultas de mañana no sean el instrumento perfecto de reproducción del modelo patriarcal a través de la violencia, y sensibilización a los hombres para que dejen de sentir complicidad con este menos del 5% de varones violentos y sean actores de un proyecto de igualdad de mujeres y hombres con el objetivo de sumar saber y experiencia de vida, de ello saben mucho las asociaciones de Hombres para la Igualdad.
Es casi imposible erradicar en unos años una violencia estructural de por lo menos veinte siglos, pero la administración pública y especialmente el IBDona tiene la obligación de hacer todo aquello que sea preciso para combatir la violencia de género, y en ello estamos.
