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Antonio Papell

Bancos, gobiernos y conseguidores

El comisario José Manuel Villarejo ha sido un funcionario del Cuerpo Nacional de Policía que aparece envuelto como "conseguidor" en los principales escándalos de las últimas décadas, a través de diversas empresas de detectives y abogados. En excedencia entre 1983 y 1993, se reintegró en el Cuerpo, donde permaneció durante más de veinte años en puestos de confianza junto a los directores adjuntos de la Policía (DAO), bajo la supervisión de los sucesivos ministros. Según los medios, esta posición de privilegio, desde la que ha alardeado de prestar servicios subterráneos al Estado, concluía en abril de 2015 cuando caía en desgracia por sus enfrentamientos con el también comisario Marcelino Martín-Blas, y el DAO de aquel momento, Eugenio Pino, lo apartaba de la primera fila, bajo la supervisión del entonces director general de la Policía, el inefable Ignacio Cosidó. José Manuel Villarejo se ha definido a sí mismo como "agente encubierto" y ha dicho que sus empresas están al servicio de la Policía desde hace veinte años.

En la actualidad, Villarejo está en prisión, tras la apertura de un macrosumario en la Audiencia Nacional, dividido en diez piezas. El juez le ha incautado información encriptada en 400 carpetas, que está desencriptando el Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe), dependiente del ministerio de Economía y Empresa. La causa 96/2017, conocida como Operación Tandem o caso Villarejo ha cumplido dos años de investigación, con cerca de 50 personas en la lista de imputados y 10 piezas separadas Las actuaciones se articulan en una pieza principal o "King", que investiga la organización criminal al hilo de unos trabajos en Guinea Ecuatorial, y diez "proyectos" del comisario: "Pieza 1", que implica al comisario Carlos Salamanca; "Iron", en relación al espionaje a un bufete de abogados; "Land", sobre la herencia de los Cerededa; "Pit", en torno a la extradición a Guatemala de un miembro de la familia Pérez-Maura; "Cinco", sobre los audios de Corinna; "Pintor", por la extorsión a un ex juez; "Kitchen", que investiga al "popular" Luis Bárcenas; "Marbella", sobre un empresario; caso "BBVA", hoy en candelero; y "Pieza 10", sobre revelación de secretos de Podemos. En la actualidad, está en ebullición la novena "pieza separada", en la que García Castellón acaba de imputar al BBVA como persona jurídica, acusada de presuntos delitos de cohecho, descubrimiento y revelación de secretos y corrupción en los negocios. El caos ha saltado al descubrirse que Francisco González había montado una trama de espionaje contra quienes pretendían, al parecer, hacerse con el Banco a través de Sacyr. La última noticia relacionada con el caso ha sido la encendida defensa de la integridad del banco a cargo de su expresidente Francisco González.

La lectura de todo lo publicado sobre estas diez "piezas", que son como un compendio de la corrupción hispana, y en las que aparecen los protagonistas de las distintas mafias que pueblan este país, resulta desolador. Porque es difícil de entender que Villarejo y sus "empresas" hayan campado por sus respetos al menos desde 1993 hasta 2015, vulnerando presuntamente las leyes, realizando investigaciones claramente ilegales, actuando como agentes encubiertos y facilitando la violación del ordenamiento vigente a cambio de grandes minutas. La fortuna acumulada por Villarejo -y abonada, ente otros, por el BBVA- es mareante.

Entre noviembre de 1993 y abril de 2015 han sido sucesivamente ministros del Interior Antoni Asunción, Juan Alberto Belloch, Jaime Mayor Oreja, Mariano Rajoy, Ángel Acebes, José Antonio Alonso, Alfredo Pérez Rubalcaba, Antonio Camacho y Jorge Fernández Díaz. Parece claro que con todos ellos el Ministerio en el que descansa la fuerza civil del Estado de Derecho mantenía en su seno a un grupo de funcionarios criminales que facilitaba a cambio de dinero el quebrantamiento de las leyes. Nadie se percató de ello o nadie quiso arrostrar los inconvenientes que le acarrearía destapar aquel inmundo agujero en la Seguridad del Estado. Una vez más los tribunales -el poder judicial- tienen que salir en socorro del régimen constitucional, humillado y eclipsado por la putrefacción de uno de sus compartimentos estancos, indetectado por el poder ejecutivo.

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