La decisión del ministerio de Defensa de sacar a subasta los terrenos del antiguo cuartel de Son Busquets ha pillado por sorpresa no solo a la sociedad, sino también al Govern. El Ejecutivo autonómico y Cort ya tenían decidido reconvertir las viejas instalaciones militares en solares públicos con viviendas sociales y destinar parte de ellas a alquiler en una ciudad, como Palma, con un claro déficit de residencias estables y, sobre todo, con arrendamientos por las nubes.

Este es el último y más reciente de los desencuentros entre Madrid y Palma, sobre competencias y necesidades, que en las últimas semanas también se ha plasmado sobre la ampliación del parque nacional de Cabrera y la ley balear de consultas. Ocurre en el momento de mayor avenencia y afinidad política entre la administración estatal y autonómica. El PSOE gobierna tanto en Madrid como en Palma, cuando por regla general había habido mandatarios de signo político diferente en un sitio y otro.

La realidad actual desmonta la tesis, sostenida durante largo tiempo, según la cual cualquier obstáculo se allanaría desde la afinidad y la complicidad política. Más bien actualiza otra evidencia nada alentadora, la de que Madrid no entiende a Balears ni se esfuerza en hacerlo. Sigue aferrada al estereotipo, teórico y caduco, de una Comunidad rica, entretenida con el turismo y a la que se puede ir de vacaciones y poco más. Por supuesto, tampoco se para en analizar los efectos de una insularidad, que, por contra, sí tiene muy en cuenta cuando se trata de Canarias.

El mal viene de lejos y no hay forma de contrarrestarlo. Es el mismo que ya propició que se transfirieran a Balears competencias mal dotadas. Por eso, todavía hoy, servicios tan esenciales como educación, infraestructuras y sanidad siguen adoleciendo de graves carencias económicas. El mal es histórico, nunca ha llegado a analizarse con solvencia ni a afrontarse con seriedad y eficacia. Por eso provoca una queja recurrente que, sin duda alguna, tiene un importante sustrato de razón.

La llegada de Pedro Sánchez al Gobierno, su entendimiento con Francina Armengol y los apoyos recibidos de la presidenta balear en sus momentos de debilidad como secretario general del PSOE, hicieron albergar esperanzas de un cambio de tendencia. Fue en vano. Nada de ello se ha producido. Madrid sigue litigando con Balears y haciendo oídos sordos a sus demandas. Tanto es así que, ahora mismo, no parece garantizado el despliegue de la parte fiscal del REB acordado inmediatamente antes de las elecciones generales. Pero Balears necesita y merece una financiación justa.

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