El Tribunal de Cuentas, otra de las instituciones parasitadas por los partidos políticos, actualmente con mayoría del PP, ha decidido revocar la condenada que le impuso a la exalcaldesa de Madrid, Ana Botella, por vender vivienda social a un fondo buitre. Los dos vocales del PP, entre ellos la ministra de Justicia en uno de los gobiernos de José María Aznar, Margarita Marsical de Gante, han solventado la papeleta a Ana Botella: no tendrá que pagar una multa de casi 23 millones de euros junto a otros siete conmilitones de aquel consistorio de 2013. La exoneración queda pendiente de lo que decida, si se presenta el correspondiente recurso, el Tribunal Supremo. Margarita Mariscal de Gante es hija y sobrina de dos magistrados que fueron presidentes del ominoso Tribunal de Orden Público, instrumento de represión política de la dictadura franquista. Un sobrino de la exministra es el juez de lo contencioso administrativo de Palma que paralizó el derribo del pedrusco fascista de Sa Feixina.
Es bastante escandaloso lo que el Tribunal de Cuentas ha hecho con Ana Botella. Existen límites de decoro público que no debieran ser rebasados, porque el descrédito que se genera empieza a ser francamente insoportable. Cómo puede revertirse una sanción diciendo que al haber habido concurso público nada hay punible. Vender a un fondo buitre 1.860 viviendas de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid y tener la desafachatez de asegurar que los arrendatarios no verán modificada su situación, que lo único que cambia es el arrendador, exhibe una caradura monumental. El nuevo alcalde de Madrid, reiteradamente corneado a cuenta de Madrid Central por diversos juzgados, que han paralizado la barrabasada que perpetró junto a su vicealcaldesa, Begoña Villacís, la cuota de Ciudadanos, porque de lo hecho por Manuela Carmena, sea o deje de ser acertado, no ha de quedar piedra sobre piedra, es lógico sucesor de Ana Botella. Martínez Almeida propiciará días inolvidables en Madrid. Puede superar a Botella, cosa considerada harto improbable.
Lo que solivianta no es la mezquindad o falta de escrúpulos sociales de un alcalde, en ese caso alcaldesa, sino la mencionada vampirización de las instituciones llamadas a controlar la vida pública. El Tribunal de Cuentas, que ha operado al servicio del PP, es una de ellas; en semejante tesitura está el Tribunal Constitucional, que ha llegado a ser presidido por un afiliado al PP; el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y hasta el Tribunal Supremo, dado que es el CGPJ quien designa a sus magistrados. La colonización de las instituciones por lo partidos es absoluta. Las mayorías del PP han propiciado lo que ahora hay, pero, de consolidarse las del PSOE, ocurrirá lo mismo. Es lícito preguntarse qué habría hecho un Tribunal de Cuentas con mayoría de vocales propuestos por el partido socialista en el caso de que un alcalde del PSOE hubiera acometido un desafuero similar al cometido por Ana Botella.
Eso es lo que barrena el sistema constitucional surgido en 1978. Ahí radica una de sus más visibles fallas. La agrava el hecho, sobradamente constatado, de que ni el PP ni el PSOE albergan la intención de proceder a la urgente despolitización de esos organismos; todo lo contrario: se disponen a renovarlos atendiendo a su actual fuerza parlamentaria. Recordemos que pretendieron situar a Manuel Marchena en la presidencia del CGPJ. No han desistido.
Acotación al margen.- El concejal Alberto Jarabo se ha estrenado como mejor sabe: ejerciendo de bocazas y metepatas. Ha tenido que ser educadamente corregido por el alcalde José Hila. Jarabo, sin consultar, soltó lo que le vino en gana sobre el futuro de lo terrenos de Son Busquets. El alcalde ha recordado que Cort no tiene disponibilidad económica. No ha tardado Jarabo en crear problemas.
