El Consejo de Ministros ha aprobado un Acuerdo por el que se autoriza al Instituto de la Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa, para enajenar por el procedimiento de subasta el antiguo cuartel de artillería de Son Busquets, en Palma, donde el Govern y el Ayuntamiento proyectaban construir más de 800 pisos protegidos para aportar una solución al grave problema de acceso a la vivienda para varios miles de familias que están en espera de acceder a una VPO. Algunos, probablemente, les votaron por esa promesa.
El argumento sobre el que se basa esta decisión es el de que este proceso "garantiza la máxima transparencia y objetividad, así como la máxima concurrencia de posibles licitadores de la que se obtendrá el mejor resultado económico posible para los intereses de la Administración General del Estado". Es decir, ha primado la regla de mercado, que es la misma que está provocando que una parte significativa de la población quede expulsada de este mismo mercado, gracias a la especulación.
La decisión del Gobierno del Estado no debería sorprender, porque sigue un patrón idéntico al de otros casos como el de Son Simonet o el de los cuarteles de la explanada de Es Castell, aunque en este último caso el azar jugó finalmente a favor de la Administración local y las infraestructuras han ido a parar a manos públicas tras un largo y complicado desarrollo de los acontecimientos.
Es difícil explicar la razón por la que un Ejecutivo que ha puesto de ejemplo la política de vivienda del pacto progresista en Balears, y que se hace llamar socialista, torpedea ahora uno de los principales proyectos sociales de legislatura en una comunidad autónoma de su misma sintonía. Cabe preguntarse cuáles eran los términos de la negociación que las dos instituciones han llevado a cabo todos estos años y por qué de ellas el Govern dedujo que el compromiso de traspaso de la titularidad de estos terrenos era un hecho. La propia dilación de este acuerdo parecía un síntoma de que en Madrid no tenían tan clara la hoja de ruta y si en Palma se dieron cuenta en su momento, pusieron todo su empeño en expresar lo contrario.
El acuerdo del Consejo de Ministros en funciones significa un duro revés para los planes del Consolat y de Cort y abre posiblemente una nueva vía de litigio entre las dos administraciones. Una más que se suma a las que ya se atisban en relación a la ley de Consultas y a la gestión del parque nacional de Cabrera, cuestión, esta última, sobre la que ya se ha autorizado el correspondiente recurso. Será muy difícil para el Govern justificar el retroceso de estas iniciativas por culpa de un ejecutivo del mismo color, más aún ante la previsible presión de los partidos de la oposición, que también han hecho de Son Busquets su pica en Flandes. Urgen explicaciones sobre esta decisión, pero difícilmente se pueden esperar, en un tiempo detenido y apresado en las desavenencias entre P edro Sánchez y Pablo Iglesias, que anteponen el reparto de poderes a la propia gobernabilidad, que son -según defienden todos los partidos en campaña, aunque luego se olviden- los contenidos y no las personas.
Puede que la legislatura no sea tan plácida como cabría esperar. Y si la resolución del Ministerio de Defensa es firme, Balears verá alejarse un poco más el objetivo de las cinco mil viviendas de protección para contrarrestar la realidad de que los pisos se encarecen cada día un poco más, porque el otro obstáculo para alcanzar este propósito, ya lo sabemos, es la falta de suelo público. Quizás nos precipitamos al dar por hecho que la sintonía política con Madrid allana el camino de las realizaciones. Seguimos presuponiéndolo, a pesar de que ha quedado demostrado que eso no es así, también cuando gobernaban otros partidos, solos o en coalición. Mientras ellos se deciden a resolver esta interinidad cansina en el gobierno del Estado, convendría preparar un buen alegato, uno que no pudieran rechazar. Por ejemplo, que, ya que aquí parecen estar todos de acuerdo en que Son Busquets ha de ser propiedad pública, la defensa de esta reivindicación sea unánime de todos los partidos. Sería una muestra de que los intereses de los ciudadanos están por encima de los anhelos y desconfianzas personales de quienes están en el poder o pretenden penetrarlo. Y de eso, visto lo que ocurre en Moncloa estos días, andamos necesitados.
