En el discurso programático de Armengol cabe diferenciar entre aquellos objetivos más o menos plausibles, para cuya consecución únicamente se requiere disponibilidad económica, como son el hospital de Felanitx, la reconversión de Son Dureta, las mejoras en los hospitales de Verge del Toro y Can Misses, el famoso tranvía de la Bahía de Palma, la ampliación del metro al Parc Bit y Son Espases, etc., y aquellos de carácter general que responden a una inquietud generalizada de la población, para lo que plantea seis grandes retos: diversificar la economía, fortalecer la arquitectura institucional, la mejora de los servicios esenciales, el acceso a la vivienda, reducir las desigualdades y combatir el desafío ecológico y medioambiental. Es en estos últimos donde pueden concentrarse más dudas; en unos casos porque no están esbozadas las medidas para conseguirlos; en otros porque las medidas pueden ser equivocadas; finalmente, porque algún objetivo, como el institucional, puede generar incógnitas fundamentadas.
Sobre la diversificación de la economía cabe plantearse un abierto escepticismo. Hace más de treinta años que se repite el mismo mantra y lo que ha ocurrido durante ese lapso de tiempo, contando con ese deseo, es que se ha ido reduciendo esa diversificación, reduciendo los sectores primario y secundario, industria y agricultura, en el PIB y aumentando la proporción del turismo del 60% a más del 80% del PIB. La política en cualquier democracia liberal puede dar algunas facilidades para el establecimiento o fortalecimiento de algún sector, pero en la economía global, es ésta la que posibilita los nichos de la inversión privada. Sólo en una economía planificada y estatalizada, incompatible con la globalización y la libertad de mercado, puede determinarse la naturaleza de la inversión, que será probablemente ruinosa e improductiva. Todos los recursos públicos destinados por la administración a la inversión industrial sin tener en cuenta las posibilidades que ofrece el mercado (las que evalúa la iniciativa privada) corren el riego de ser dinero tirado al mar. En la realidad en que vivimos, la diversificación de la economía no es un objetivo al alcance de la administración, ni aunque la lidere Armengol; puede ordenarla, no definirla. La promesa sólo es la expresión de un sueño imposible para atajar la conciencia de vulnerabilidad, un engaño para anestesiar la angustia de lo que se presume efímero.
Impulsar una ley de Consells insulares "para evitar duplicidades y conseguir que sean el verdadero gobierno de cada isla" es tanto como afirmar la necesidad de un gobierno insular sin el control de un parlamento insular, un déficit democrático; que el govern de la CAIB no es el verdadero gobierno de cada una de las islas. La estructura definida en el Estatut es inestable. Sólo tiene dos alternativas estables: o comunidad fuerte o isla fuerte. Esta segunda solución exige la modificación estatutaria para alumbrar una estructura confederal entre las islas con presidencia rotatoria para atender cuestiones comunes y gobierno y parlamento propios para cada isla. Todo lo demás significa dar vueltas discursivas a una estructura que sólo puede funcionar bien con la dictadura de partido único, al estilo de la URSS. Armengol sólo se atreve a formular deseos no a implementar soluciones.
Para solucionar el problema de la vivienda, Armengol no se compromete con el verdadero instrumento para conseguirlo: la promoción de la vivienda pública para alquiler y facilitar suelo público a precio razonable para el mismo objetivo, pero con vivienda privada. Se apuesta por el control de los precios del alquiler de la viviendas privadas. Para ello se propone adaptar el alquiler a la capacidad económica de cada barrio. Dice que los precios de cada zona se adaptarán a la capacidad económica de sus ciudadanos. En primer lugar se plantea una discusión sobre la constitucionalidad de que en una economía de mercado la administración fije los precios de un producto como la vivienda. Es muy dudoso. Y con unas consecuencias, en el caso de que sea posible, que pueden dar lugar, bien a que muchos propietarios saquen a sus viviendas del mercado, bien a que se incremente en este sector la economía sumergida; y con un inevitable incremento de la burocracia inspectora. Además, tal como está formulado el compromiso, la capacidad económica de cada barrio será una media que no tendrá en cuenta las diferencias de valor de mercado de cada una de sus edificaciones. Se alude también a que los precios a fijar para cada zona se adapten a la capacidad económica de sus ciudadanos. Esta visión uniforme no tiene en cuenta la diversidad en la renta de cada zona, supone aplicar resoluciones administrativas en base a las estadísticas y no a la realidad de cada ciudadano. Su extrapolación arbitrista supondría dividir a la ciudad geográficamente y de forma rígida por estamentos, tal como el producido por la gentrificación que ha expulsado del centro a la población más modesta.
Resumiendo, Armengol pretende afrontar los principales retos que tiene planteados nuestra comunidad con la simple exposición de los mismos o con la invocación de unos instrumentos cuya virtualidad es muy discutible. Nada dice de cómo diversificar la economía, de cómo reducir la desigualdad, de cómo combatir el desafío ecológico y medioambiental, ni de cómo fortalecer la arquitectura institucional. Sólo medidas equivocadas y buenos deseos.
