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Antonio Papell

¿Podemos en el gobierno?

La tesis enunciada por Iglesias y repetida hasta el cansancio por todos sus cortesanos de que la única manera de garantizar que el gobierno presidido por Sánchez tenga una trayectoria progresista es entrando el propio Iglesias en él constituye, además de una falta de respeto a aquel con quien desea asociarse, una estupidez que difícilmente se sostiene con argumentos. De momento, lo único cierto en la vacilante historia de Podemos desde su fundación hace cinco años es que Rajoy pudo permanecer por su causa dos años largos más en la presidencia del gobierno gracias a la negativa de Iglesias a apoyar un pacto PSOE-Ciudadanos propuesto en febrero de 2016.

El Consejo Ciudadano Estatal de Podemos celebrado el pasado sábado, que llegaba con el apremio de algunos disidentes como Ramón Espinar que deseaban la anticipación de un Vistalegre III, ha sido más pacífico que lo previsto. Iglesias, con cierto cinismo ya habitual, ha echado las culpas de los malos resultados a los territorios, a la falta de liderazgo de las federaciones, a la confusión de las siglas utilizadas en cada organización local e indirectamente a la labor realizada por Echenique, y aunque todos los resultados electorales han sido malos, el líder populista ha puesto en valor los 42 escaños obtenidos el 28-A (frente a 71 en 2016) que pese a todo le permiten aportar un respaldo sustancial a una eventual mayoría encabezada por el PSOE (en realidad, la debacle del 26-M alcanzó también a la organización en su conjunto en las europeas, en que Unidas Podemos consiguió sólo 6 escaños, cuando en 2014 logró 5 Podemos y 4 Izquierda Unida). Sea como sea, la evidencia de que hay que mirar hacia el futuro ha primado sobre las conspiraciones de diversas procedencias, e Iglesias ha obtenido un apoyo explícito a su tesis de pretender un gobierno de coalición con el PSOE. Prueba de que los opositores a Iglesias están en esta tesitura pragmática es que la nueva ejecutiva, con Alberto Rodríguez 'El rastas' en la secretaría de organización, obtuvo 42 votos a favor y ninguno en contra, con seis abstenciones.

La coalición con los socialistas debe sin embargo descartarse por diversas razones. El PSOE e Izquierda Unida han caminado separados durante toda la etapa democrática salvo en febrero de 2000, cuando Almunia y Frutos firmaron 'un pacto para gobernar' que consistió en presentar listas conjuntas al Senado en 27 provincias y en el compromiso de IU de apoyar a Almunia en la investidura; en aquellas elecciones, ganó Aznar con mayoría absoluta. En cualquier caso, ya quedó entonces patente que había entre las dos organizaciones diferencias de fondo muy intensas, que son el rescoldo de las históricas forjadas en la Tercera Internacional.

Pero, además, la tendencia a la baja de Unidas Podemos no es el mejor aval para tal coalición, entre unos socios que no se profesan confianza: fue una deslealtad que, en la primera reunión de la Mesa del Congreso, UP votase en contra de la suspensión de los diputados catalanes que están siendo juzgados por el Supremo. ¿Qué había que hacer? ¿Vulnerar alegremente las leyes para dar testimonio de no se sabe bien qué? Con lo cual, a lo que podría aspirar Unidas Podemos es a un pacto programático a la portuguesa. O, simplemente, a un acuerdo investidura, en que el apoyo prestado recibiría determinadas garantías para que UP pudiera capitalizar tal adhesión.

Es evidente que, si Ciudadanos no cambia de actitud -su abstención tendría todo el sentido si los sedicentes 'liberales' fueran leales al interés de Estado-, el PSOE necesita el apoyo de UP, pero no de forma perentoria ni angustiosa. Si Sánchez, en su posición actual, se encontrara con una respuesta displicente de Iglesias, no tendría empacho seguramente en reclamar de nuevo la intervención de la ciudadanía. Y unas nuevas elecciones podrían ser letales para Unidas Podemos, que por segunda vez habrían frustrado un gobierno progresista. Y también, por cierto, para Ciudadanos, que tendría dificultades para aclarar su papel, después de haber fracasado en su intento de sorpasso, que relega a la organización a la condición de una rémora de la opción conservadora.

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