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Antonio Tarabini

Entrebancs

Antonio Tarabini

El acceso a la vivienda, máxima prioridad

Los precios astronómicos de los pisos de alquiler ofertados y la falta de vivienda pública son una realidad que explica que el acceso a una vivienda digna sea la primera prioridad de la ciudadanía (8,9/10). Algo que debería ser uno de los objetivos estratégicos del renovado Pacte de Progrès. Pero lo que llama la atención es que a pesar de que un 41% de la ciudadanía (porcentaje superior al obtenido con los votos de los tres partidos PSOE, Podemos, Més) muestra su confianza en el renovado Pacte y Govern. Mientras, únicamente un 38% considera que "sea capaz de hacer frente al problema de la vivienda" (Quaderns Gadeso número 368).

1.La situación. Antes de la crisis, en época de bonanza, el acceso a un crédito hipotecario era fácil para los amplios sectores sociales enmarcados en una exitosa clase media. Las entidades financieras cubrían frecuentemente no sólo el 100% del coste de la vivienda, sino que se incluían otros anexos como podía ser el mobiliario y otros enseres. La crisis chafó el invento. Entidades financieras, especialmente las cajas, entran en crisis. Dificultad/imposibilidad de hacer frente a cuotas hipotecarias. Pérdida del piso, incluidos desahucios. Las clases medias son sus principales víctimas.

Dícese que la crisis se está superando. La macroeconomía crece, se crea empleo. Pero los "desajustes" causados por la crisis siguen vivos y coleando. El acceso a una vivienda digna, un derecho incluido en nuestra Constitución, es una utopía. Los precios son inasequibles para amplios sectores sociales.

2.Las causas. Es básico identificarlas para que las soluciones propuestas sean eficaces. La demanda de pisos de alquiler ha aumentado y sigue aumentando. No sólo por el muy notable crecimiento poblacional, sino también por la imposibilidad real de acceso al crédito hipotecario para rentas medias. Las entidades financieras dedican millonarios recursos a créditos hipotecarios, pero destinados a rentas altas; más créditos a menos familias/personas. Los bajos salarios, la inestabilidad laboral, la temporalidad y precariedad, son aves de mal agüero para bancos y cajas. La reacción es lógica, acudir a la vivienda de alquiler.

Los hay que culpan al alquiler turístico de la falta de oferta. Sin duda es una realidad que coadyuva, especialmente en determinadas zonas de Palma (El Terreno, Son Espanyolet€), que requiere una ordenación. En Palma, como mínimo, se prohíbe el uso turístico de las viviendas plurifamiliares y también en las unifamiliares entre medianeras; medida que puede resultar útil siempre y cuando exista un servicio de inspección eficaz. Pero hay otras causas.

Los fondos de inversión "buitres" están adquiriendo fincas urbanas y/o solares para dedicarlos no sólo a la venta, sino también al alquiler "múltiple" (incluido el turístico). Las entidades financieras también en Balears, cuyo rescate nos costó 65.000 millones de euros, cuentan con un gran parque propio de viviendas fruto de desahucios a promotores y/o familias, esperando mejores tiempos para venderlos. Y no podemos pasar por alto como causa las casi nulas promociones de vivienda pública, así como un parque propio de viviendas escaso y mal gestionado.

3.La administración Pública. La legislatura recién finiquitada promovió algunas promociones menores, abrió una convocatoria de viviendas cuya demanda les desbordó. Una realidad positiva es haber sacado a la luz la magnitud de grandes tenedores y pisos vacíos, cuya "utilidad social" es dudosa, con sus consiguientes instrumentos de intervención. Especialmente a través de la ley de la Vivienda se pusieron las bases para un plan estratégico de Vivienda que se concrete en promociones, especialmente de alquiler, lo que presupone solares disponibles y la participación y colaboración de los ayuntamientos. A su vez es urgente una reorganización del IBAVI que incluya una gestión justa y eficaz de su actual parque de viviendas. Tendrá que abordarse la posibilidad legal y contractual de poner un límite a los precios de alquiler, especialmente en zonas de contingencia habitacional.

La prioridad ciudadana es evidente y el reto de las nuevas administraciones ineludible. El haber consolidado una segunda legislatura no permite fracasos.

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