La Judicatura no ha cortado todavía, aproximándonos al medio siglo de la muerte del general Franco, el ponzoñoso cordón umbilical que la conecta con la dictadura más siniestra de cuantas han padecido las Españas en sus dos postreros siglos de convulsa historia. Para cinco magistrados de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo (TS) Francisco Franco, general de división del Ejército, destinado en Canarias el 18 de julio de 1936, era, desde el uno de octubre de aquel aciago año, jefe del Estado. No un dictador, no el taimado golpista de último minuto, no el genocida de parecida estirpe a la de Adolf Hitler y Iósif Stalin, nada de ello, sino jefe del Estado. Sus Señorías dejan de lado que el jefe del Estado legítimo de España era entonces el presidente de la República don Manuel Azaña Díaz. Pervierten la verdad histórica al proclamar en su auto la inexistente jefatura de Franco, que, aquel uno de octubre, fue proclamado por sus conmilitones golpistas, "los señores generales", como el mismo enfatizó en su discurso de aceptación en Burgos, jefe de quienes, sublevados contra la legalidad constitucional republicana, desencadenaron una terrible Guerra Civil, que durante tres años y la década posterior causó centenares de miles de víctimas. Fingen ignorar los magistrados que Francisco Franco detentó, nunca ostentó, la jefatura de una dictadura que empezó a disolverse con su muerte el 20 de noviembre de 1975. En España no hubo un jefe del Estado democráticamente legítimo, propio de un estado de derecho, hasta que, en diciembre de 1978, Juan Carlos de Borbón, sucesor del dictador "a título de rey", sancionó la Constitución aprobada por las Cortes Constituyentes y sufragada en referéndum por la ciudadanía española. Desde el 1 de abril de 1939 y hasta ese día de diciembre de 1978 España no dispuso de un jefe del Estado legítimo. Esa es la verdad histórica que los cinco magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TS pretenden falsear en su artero auto.
En él se aceptan las alegaciones presentadas por los siete nietos el dictador, una colección de desvergonzados que disfrutan de la vida gracias al latrocinio que su familia perpetró amparada por el poder sin límites del abuelo, además de las formuladas por la Fundación Franco y el prior del Valle de los Caídos, un fraile trabucaire de inequívocas querencias fascistas. Los magistrados, por unanimidad, consideran que los intereses del Estado hacen imprescindible paralizar la exhumación de la momia del general Franco atendiendo a superiores intereses, dada su condición de jefe del Estado, adquirida el uno de octubre de 1936.
Reiterémoslo: el 1 de octubre del 36 la legalidad constitucional había sido truncada por los militares, Franco entre ellos; aquel golpe de Estado generaba un inconmensurable baño de sangre como nunca se vio en España. ¿Cuál es el supremo interés del Estado que impide desalojar la momia de un abominable mausoleo que recuerda las abominables atrocidades cometidas por el régimen del que allí está sepultado en lugar preferente? ¿Tienen los nietos del genocida derecho a paralizar una exhumación aprobada por el Congreso de los Diputados, sede de la soberanía nacional? Solo se entiende si se asume que una parte sustancial de la Judicatura sigue uncida en herencia a la espúrea legalidad franquista. Reconforta que alguna asociación judicial haya execrado el auto del Supremo. Añade inquietud que una de sus salas decida como lo ha hecho la de lo Contencioso cuando otra, la de lo Penal que preside el magistrado Manuel Marchena, que no pierde de vista a Estrasburgo, está a punto de dejar vista para sentencia la causa contra los políticos independentistas catalanes, en prisión preventiva, a los que la Fiscalía acusa de dar un golpe de Estado. Parece que Franco no lo protagonizó al decir de cinco jueces del TS.
