Pedro Sánchez había dilapidado un año intentando convencer a los españoles de la urgencia de desenterrar al Generalitísimo del Valle de los Caídos, para enterrarlo a continuación en un hueco menos llamativo. Por fortuna para el presidente del Gobierno tocado por la gracia divina, el Tribunal Supremo acudió en su ayuda. Al fallar a favor de los siete nietos del dictador que Franco siga en inhumación preventiva, y que su sucesor tampoco se encuentra demasiado bien, la opinión pública ha virado de inmediato contra la sobreactuación judicial.
La sociedad ha sido lenta en hartarse de que en España no pueda cambiarse una bombilla, sin que siete magistrados del Supremo deliberen durante meses sobre el enroscado ideal. El asesinato de Montesquieu a cargo de Alfonso Guerra decretaba que el ejecutivo con mayoría absoluta aplastaría al legislativo y al judicial. La fórmula propiciada por la legendaria pereza de Rajoy consiste en que los jueces adoptarán decisiones cada vez más alejadas de su esfera interpretativa, para actuar como un Gobierno de última instancia.
Hablando de muertes violentas de personajes históricos, el Supremo ha matado a Franco en nueve folios, ha disuelto su capacidad mítica. Bajo la especie de protegerlo, ha demostrado a la parroquia que el tirano estaba desnudo. La sala que no ha paralizado los desmanes urbanísticos heredados del franquismo, se pone celosa de los perjuicios para la momia de una mudanza de ida y vuelta. Los muertos no sufren, solo duelen a los vivos. El alto tribunal se pronuncia con el mismo carácter terminante que le impulsa a prohibir al Rey que se entreviste con Jordi Sánchez, privando así al monarca de abroncar al diputado sobre el comportamiento de los independentistas. Los jueces se han especializado en salvar a los personajes históricos de sí mismos. Esta labor higiénica se remitía con anterioridad a los votos.
