El Banco de España, como otros organismos institucionales, publica periódicamente informes oficiales sobre cuál debería ser la política económica de este país, un asunto evidentemente ideológico sobre el que puede haber teorías distintas -las hay, efectivamente- que compiten entre sí. En el último informe mantiene, entre otras, la tesis de que los salarios deben vincularse a la productividad, de que las familias deben ahorrar y de que hay que actuar rápido sobre el sistema de pensiones para asegurar su sostenibilidad, por el procedimiento de retrasar la edad de jubilación, de no indexar la pensión con el IPC y de revisar ingresos y gastos?
Hace poco, el BdE criticó la subida del salario mínimo a 900 euros porque, a su juicio, frustraba la creación de 150.000 puestos de trabajo. El AIReF contraatacó diciendo que los efectos de la medida serían inapreciables sobre el empleo, y ahora el Banco de España no replica sino que afirma que hasta 2020 no tendrá datos para valorar la cuestión (¿en qué quedamos?). En cuanto a las pensiones, es evidente que si se conviene, como ya se ha hecho, que las pensiones contributivas también serán parcialmente financiadas con cargo a presupuestos, la indexación con el IPC es una decisión política legítima y, desde luego, posible. No existe, en fin, una única ortodoxia, y las instituciones deberían callar o manifestar al menos la pluralidad de opciones entre las que puede elegir la soberanía popular sin salirse del marco regulador europeo.
