La noticia ha pasado casi desapercibida, como tantas otras cosas en estos tiempos en que todo se convierte en agitación y propaganda (o dicho de otro modo, en ruido y en teatro malo). Se trataba de una información que aseguraba que poco después de la constitución de las nuevas Cortes, los partidos políticos ya habían pedido préstamos nuevos para financiarse y para costear la campaña electoral. Y como los bancos se han negado a concederles préstamos, ha tenido que ser una entidad pública -el Instituto de Crédito Oficial- la que se ha hecho cargo de esos préstamos.
He intentado encontrar información más concreta sobre esos nuevos préstamos -con cantidades y beneficiarios-, pero no me ha sido posible. Lo que sí he encontrado ha sido la historia de los estudiantes universitarios que habían pedido préstamos al ICO hace más de diez años y que aún no habían podido devolverlos. Pero me ha sido imposible averiguar qué partidos han recibido los préstamos y también las cantidades que les habían correspondido. Estas cosas tienen su importancia. En los años 80 aparecían breves notas de prensa que informaban de que tal o cual caja había condonado la deuda a determinado partido. A mí me hacían gracia esas noticias por el uso de ese verbo absurdo -"condonar"-, pero esta historia no tenía ninguna gracia. El germen de la monstruosa corrupción que se fue incubando en los partidos surgió de esos créditos y de la necesidad acuciante de obtener dinero para pagar las gigantescas maquinarias de los partidos. Y la crisis de las cajas de ahorros que tuvimos que rescatar en el año 2012 con dinero público se debió a la acumulación de pequeñas notas de prensa que habían ido avisando, durante las tres décadas previas, de las diversas condonaciones de deuda que habían beneficiado a los partidos políticos. Busquen noticias de condonaciones de deuda a particulares, a pequeños empresarios, a estudiantes, a jubilados, y avísenme de cuántas han encontrado. En cambio, si googlean "condonar deuda partidos políticos", van a encontrarse con una bonita jungla tropical. Y de estas cosas, repito, no habla casi nadie.
Esta noticia reciente informaba de que los partidos necesitaban más dinero -¡más dinero!- para costear esta nueva campaña electoral. Y como los bancos no se fiaban, por primera vez en la historia habían tenido que recurrir al Instituto de Crédito Oficial (ese mismo que todavía estaba reclamando a los estudiantes las deudas de hacía quince años). Yo no sé, la verdad, qué sentido tiene organizar una costosísima campaña electoral en la era de Internet. Y que los partidos tengan el morro de gastarse un dinero que no tienen (o eso dicen) en mítines, cartelería, publicidad y buzoneo -a mí me han llenado el buzón con propaganda electoral, y supongo que eso mismo le ha pasado a muchísima gente- es un disparate que no debería tolerarse en los tiempos de Whatsapp y Facebook. Sobre todo, porque no conviene olvidar que los partidos políticos están generosísimamente subvencionados con cargo al contribuyente. Eso se suele olvidar y casi nadie, por desgracia, lo saca a relucir en los debates electorales, pero en nuestro país -si es que todavía podemos hablar de un país común-, los partidos políticos reciben subvenciones estatales en función del número de escaños obtenidos. Y por eso mismo, el PSOE se llevará casi veinte millones de euros; el PP, doce millones; Ciudadanos, once; Unidas Podemos, casi nueve; Vox, casi seis; ERC, casi tres; el PNV, algo más de dos millones; y Bildu, un millón cien mil euros. No está mal, en especial si tenemos en cuenta la pobre opinión que muchos de estos beneficiarios de dinero público tienen del Estado y del sistema político que los financia tan generosamente.
Y ese dinero, por supuesto, sale de los bolsillos de los electores. Pero lo más curioso es que ningún partido ni ningún político se ha acordado en el Congreso, en el momento solemne de prometer o de jurar su cargo, de esos sufridos electores que pagan estoicamente las campañas y los sueldos y la voracidad insaciable de los partidos políticos. A la hora de jurar (o de prometer) el cargo de parlamentario (y de acatar la Constitución), ha habido políticos que han pronunciado juramentos a favor del planeta Tierra o la República o el mandato democrático del 1 de Octubre. Vale, muy bien, y parece muy razonable prometer el cargo en nombre del planeta Tierra (y no, por ejemplo, en nombre de Venus o Plutón). Pero hubiera sido un gesto hermoso, o cuando menos razonable, que algún político, siquiera fuera uno, hubiera tenido el detalle de jurar o de prometer su cargo en nombre de los electores que costean todo el tinglado.
