La pelota está en el tejado del IB- Salut. Él y solo él será el único responsable de impugnar la fundamentada y magníficamente razonada sentencia del Juez Alejandro Mariscal de Gante sobre el cobro de la carrera profesional de los interinos. De impugnarla, él y solo él será responsable de mantener la discriminación hacia el personal temporal. Él y solo él, por ganar tiempo, retrasará el cobro de la carrera de los médicos implicados. Él y solo él aumentará la deuda al diferir el cumplimiento de la sentencia. Él y solo él aumentará los intereses devengados. Él y solo él pagará las costas. Y eso lo
hará con el dinero de los impuestos de todos. Los temporales (entre los que se incluyen los interinos), no se merecen que el IB-Salut impugne.
Primero clarifiquemos los datos y no los exageremos: no son 1.000 como dicen el IB-Salut y UGT. Son 600 los médicos temporales e interinos que se podrían beneficiar de esta sentencia y de ellos 332 fueron los que han demandado. El coste de estos sería de 3.116.000 euros ya que la mayoría, 265, son de nivel 1 y 2, 58 son de nivel 3 (más de quince años) y 9 son de nivel 4, (más de veinte años). Es, por tanto, una cuestión de si se prioriza resolver el agravio o no. Tiene que ver con tres valores: justicia, ética y estética. Ah y con la economía porque la impugnación costara dinero público. Recordemos lo obvio: si son interinos es porque en esta Comunidad hacía nueve años que no había oposiciones, a pesar de que el compromiso contraído de la administración con los sindicatos es que se hicieran cada dos años. Y volvamos a refrescar la memoria histórica: el agravio es mayúsculo porque hasta ahora solo han cobrado el 25% del nivel uno, es decir unos 600 euros anuales, cuando por su nivel de carrera, reconocido administrativamente, deberían haber cobrado 2.500, 5.000, 7.500 y 12.000 euros, según su estuvieran en el nivel uno, dos, tres y cuatro.
Por supuesto que estos interinos hacen y desarrollan el mismo trabajo y en las mismas condiciones que sus compañeros fijos, que sí cobran el 100% de su nivel de su carrera y además cuentan con estabilidad laboral. Hasta hace un año, la proporción de temporalidad en el Ib-Salut alcanzaba la cifra del 38%. Es decir en la sostenibilidad de la sanidad pública ha sido clave el compromiso, la profesionalidad y la responsabilidad de los profesionales temporales. Y sin embargo no reciben el trato que merecen.
La sentencia, siguiendo la doctrina del Tribunal Supremo, fue demoledora: el IB-Salut debe de pagar la carrera al personal temporal, con una retroactividad de cuatro años, con intereses (3-4%) y además con costas. No caben excusas de mal pagador. Ya hemos visto que las cifras que manejan el Ib-Salut y UGT son cuestionables: no son 1.000 médicos los afectados, sino 600 los posibles beneficiarios; ni el coste son 22 millones, aunque se les pague a los 4.500 temporales (eventuales más interinos). No hay necesidad de alarmar socialmente y de utilizar este argumento para justificar la impugnación que posiblemente ya tienen decidida. El Ib-Salut sabe que, teniendo en cuenta la jurisprudencia que el Tribunal Supremo ha establecido ya a través de diferentes sentencias, este partido lo tiene perdido. No hay prorroga. No impugnar sería realizar un gesto positivo hacia sus profesionales temporales que tienen los mismos derechos que los fijos. El Supremo y la UE ya han marcado el camino y si no que se lo pregunten al Servicio Asturiano de Salud, que tiene que pagar a sus 8.000 interinos. Copien al Servicio Vasco de Salud que tiene que pagar 120 millones de euros y no recurre a instancias superiores.
Por otra parte es pertinente aclarar los malentendidos que pueden confundir a los profesionales, generado por las declaraciones recogidas en diversos medios en la rueda de prensa de UGT. Es conveniente hacer pedagogía de las dos sentencias emitidas por el mismo Juez con diez días de intervalo. La primera favorable a SIMEBAL (332 médicos), la segunda a UGT (31 profesionales). Es evidente que los beneficiarios fueron exclusivamente las personas demandantes y, desgraciadamente, no se aplica directamente al resto de personal temporal. No existe, por tanto, ninguna diferencia entre las dos sentencias en contra de las declaraciones recogidas por los medios en la citada rueda de prensa , ya que los argumentos jurídicos del Sr. juez son los mismos. La sentencia no es firme ya que el IB-Salut puede impugnar ante el TSJ. Solo si el fallo definitivo es favorable se podrá pedir la ampliación a todos los temporales. En todo caso, SIMEBAL llegará al Supremo si el fallo del TSJ fuera desfavorable.
La clave, por tanto, está en que el IB-Salut no impugne, ya que si no lo hiciera, a primeros de junio se podría generalizar a todos. Primero pagar a los demandantes y luego negociar la generalización a todos los temporales. Cuatro partidos ya se han mojado públicamente y han dicho que no recurrirán. Le pedimos a UGT, dada su afinidad con el PSIB, que ejerza su influencia sobre el IB-Salut y que se sume a las presiones que está haciendo SIMEBAL para que este agravio se resuelva en junio. Ciudadanos, Pi, Vox y PP (lo ampliaría a los 4.550 temporales) ya lo han hecho. Més, Podemos y el PSIB todavía se lo están pensando y no han respondido al requerimiento de SIMEBAL para que lo hagan. Máxima responsabilidad para el PSIB que actualmente gobierna. Nos gustaría que lo hicieran antes de las elecciones. 4.500 temporales lo quieren saber. Reclamen el REB que nos merecemos, reclamen la deuda sanitaria histórica (2.800 millones) del 2002, reparando así la mala negociación de las trasferencias en el 2002. Solo así nos equipararemos con el archipiélago canario en cuanto a la indemnización de residencia, tal como les exigimos todas la Juntas de Personal del IB-Salut e imitaremos a la Junta de Andalucía que compensa desde el 2013 la reducción del 40% de los médicos. 8.300 euros cada medico desde el 2010.
Ya saben en victoria transitoria porque nunca hemos estado en doma.
