Este domingo, un medio catalán entrevistaba por videoconferencia a Junqueras y a Romeva, y los líderes de Esquerra Republicana internados en una cárcel madrileña respondían a una pregunta sobre la relevancia del hecho de que un catalán ocupe la presidencia del Senado con palabras expresivas: "No significa nada. Lo que importa no es de dónde venga cada uno, sino cómo encara el momento político actual. A lo que nosotros aspiramos es a hallar demócratas para dialogar de democracia y política. Es irrelevante que el presidente del Senado sea catalán o no. Queremos hablar con todo el mundo. Lo que pedimos al PSOE es que piense que esta figura será muy importante para el diálogo. No es cuestión de identidad nacional sino de convicciones democráticas". En definitiva, ERC, con su proverbial pragmatismo, ha abierto la puerta a la designación de Iceta como senador autonómico este jueves en el Parlament catalán, primer paso para que pueda después ser elegido presidente del Senado por la propia cámara, en la que el PSOE tiene mayoría absoluta. Como es conocido, hasta ahora, en la dilatada trayectoria de la cámara autonómica, cada partido ha designado, cuando le ha correspondido el turno, al senador que le ha parecido adecuado, ante la respetuosa abstención de los demás. En esta ocasión, se intentó condicionar tal designación y llegó a insinuarse que el requisito de que ERC votara a favor pasaba por la visita de Iceta a los presos de ERC, pero el propio líder del PSC se negó a entrar en esta clase de mercadeos. Finalmente, parece haber prevalecido la cordura y Ciudadanos ha modificado su negativa inicial -Arrimadas ha dicho que es distinto votar a Iceta como senador que hacerlo en contra como candidato a la presidencia del Senado-, los Comunes han anunciado su voto afirmativo y tan sólo se mantienen en contra JxCat de Puigdemont, la CUP y el desorientado PP.
Si se confirma la llegada de Miquel Iceta a la presidencia del Senado, se habrá colocado al frente de la 'cámara de representación territorial' a un federalista sinceramente convencido del valor político del Estado de las Autonomías y dispuesto tanto a hacer de la institución la residencia de un diálogo generoso y abierto como a promover las reformas necesarias que se pacten y que hagan de nuestro modelo descentralizado de país una entidad más operativa y funcional, que colme la vocación de autogobierno de nacionalidades y regiones. Semejante perspectiva, en un marco estable de cuatro años, abre un horizonte esperanzador, ya que se clausuran por un dilatado periodo de tiempos las amenazantes invectivas de los partidarios de un 155 radical y permanente (e inconstitucional en estos términos), al mismo tiempo que se atienden los requerimientos de una ciudadanía que se ha pronunciado claramente el 28A en favor de la moderación y el diálogo.
La victoria clara en las generales de ERC sobre JxCat, de Junqueras sobre Puigdemont, que se produce en los mismos días en que el Centre d'Estudis d'Opinió (CEO) -el CIS catalán- registra que los ciudadanos de Cataluña que se oponen a la independencia superan a los partidarios, con un 48,6% frente a un 47,2% (es la primera vez desde junio de 2017 que el no gana al sí), facilita claramente la apertura de un proceso de diálogo en cuanto concluya la vista oral en curso en el Supremo.
Es claro que la judicialización del caso, inevitable una vez que el soberanismo traspasó todas las líneas rojas hasta el referéndum y la DUI, complica y retrasa el desenlace del conflicto, pero no había otro modo de lograr el cierre del asunto en el inexorable marco constitucional. El Supremo sabrá con seguridad conciliar la Justicia con el posibilismo de una sociedad que necesita compatibilizar el imperio de la ley con el realismo político que le permita avanzar, por lo que hay que darle un voto de confianza. Después de todo, lo principal ya se ha conseguido: la ciudadanía se ha pronunciado, en Cataluña y en el resto de España, a favor de la institucionalidad y el moderantismo, y no de la ruptura y la regresión.
