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Leo que un partido político ha decidido pedir a los aspirantes a figurar en sus listas para la convocatoria electoral del día 26 de mayo que enseñen su certificado de antecedentes penales. Cómo estará el patio que se veía venir y, de hecho, importa poco de qué partido se trata porque todos ellos sufren el mismo problema. Con la profesión de político por los suelos, y la seguridad de que cualquiera de los que logren concejalía siquiera van a quedar bajo la lupa de la Inquisición, es mejor ir prevenidos. De hecho, debería pedírseles también un informe de las enfermedades infecciosas y no infecciosas que puedan padecer pero en este caso con fines opuestos a los que cabría imaginar. Un certificado médico lleno de advertencias letales puede ser el mejor pasaporte para ganar peso dentro del partido, habida cuenta de que a todo el aparato de control, la fontanería, vamos, le encantará contar con próceres de esperanza de vida corta.

Morirse es casi la única salida que le queda a un político para que hablen bien de él. Lo hemos visto con Rubalcaba, elevado a los altares cuando, en vida, su partido lo había ninguneado hasta la saciedad. Sabíamos antes que el profesor de química que tuvo que volver a su cátedra de la Complutense era la mente más privilegiada dentro del socialismo en unos tiempos en que la mediocridad —cuando no la estupidez, sin más— abunda. Pero nos enteramos ahora de que para que Alfredo Pérez Rubalcaba prestase su último servicio al país tuvo que recurrir a él nada menos que Mariano Rajoy, dado que el sanchismo le había puesto al político más llorado de los últimos tiempos la etiqueta de tóxico.

Pero estábamos en lo del certificado de antecedentes penales, que nos lleva a los de mi generación a los tiempos de la juventud. Te exigían entonces en los despachos otro certificado, el de adicto a los principios del glorioso movimiento nacional —el de Franco, para quienes son jóvenes ahora— si querías el pasaporte. Pero al poco un ministro cambió las normas al darse cuenta de que quedaba feo y ni siquiera era necesario. Bastaba con pedir otro papel, el de penales, porque todos los masones, judíos y comunistas, es decir, los peligrosos para el régimen, llevaban encima condenas del Tribunal de Orden Público. No sé qué pelaje será el de los ciudadanos sospechosos de ahora mismo pero seguro que viene teñido también por los expedientes que se guardan en el ministerio de Justicia y quizá en el de Interior. De ahí que a los candidatos a algo se les pida el certificado de limpieza de cuerpo y alma, en espera de que luego sean lo bastante espabilados como para no caer en manos de ningún tribunal.

Digo yo que, puestos a exigir documentación, no estaría de más asegurarse que el candidato carece de contaminaciones universitarias. En el Brasil de Bolsonaro van por ahí los tiros aunque, de momento, lo de los tiros es sólo una metáfora.

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