Palma ha cerrado la legislatura esta semana con un último pleno en el que la vivienda ha sido el tema estrella. Y no precisamente para bien. El alza de precios, tanto en el mercado de compraventa como de alquiler, ha sido una constante estos últimos cuatro años, situando a la capital balear entre las más caras de España. La oposición en el Ayuntamiento, integrada por el Partido Popular y Ciudadanos, reprochó al Pacto de Gobierno, formado por Més, el PSOE y Podemos, su pasividad para solucionar el problema. "Ha sido el gran fracaso de la legislatura", afirmó en el plenario la portavoz popular Margalida Durán. Desde el gobierno se rechazan estas acusaciones y se enumeran las medidas adoptadas, desde la prohibición de alquiler turístico en las viviendas plurifamiliares a promociones públicas de pisos. Si bien es cierto que el impacto real en el mercado de este tipo de actuaciones requiere tiempo, no hay síntomas de que el problema revierta. Los palmesanos se resignan hoy, entre atónitos y preocupados, a renunciar a vivir en el centro de su ciudad y a condenar a sus jóvenes a residir en la casa familiar ante la imposibilidad de pagar un alquiler.

Según datos del portal inmobiliario el Idealista.com, uno de los más reputados de España a efectos estadísticos, la vivienda en Palma alcanzó un precio de 2.857 euros el metro cuadrado el primer trimestre de este año, un 11 por ciento más que el mismo periodo de 2018. La tendencia al alza es constante en los últimos años y, si bien los expertos afirman que no se ha llegado a la burbuja de los años de crisis, hace más de una década, las cifras son preocupantes y sitúan a la capital balear entre las cinco ciudades de España más caras para adquirir un inmueble, al mismo nivel que Madrid, Barcelona o San Sebastián.

El alquiler ha duplicado su precio medio desde 2014, según las mismas fuentes. Hace cinco años, el precio medio de arrendamiento por metro cuadrado se situaba, en este caso en Balears, en 7,7 euros el metro cuadrado, mientras que en julio de 2018 (en verano siempre se alcanza el registro máximo) superó los 14 euros. En marzo se situó, en Palma, en 11,7 euros el metro cuadrado, un 2,2 por ciento por encima del año anterior.

Los datos son consecuencia de una serie de factores complejos y de difícil solución, que se repiten en otras ciudades españolas y europeas. Por una parte, la extensión del alquiler turístico como fuente de ingresos de muchos propietarios y como opción vacacional para los visitantes ha tenido una gran influencia en el mercado.

El Ayuntamiento tomó la decisión valiente de vetar esta práctica en los pisos en toda la ciudad. No cabe duda de que la medida ha reducido la oferta, pero, tal y como publicó este periódico el pasado lunes, las plataformas digitales siguen publicando anuncios de alquileres turísticos ilegales en plurifamiliares, lo que evidencia la falta de control real de la administración.

Hay once proyectos de vivienda pública en trámite, activados por el actual gobierno municipal, y que supondrán 450 pisos. El proyecto de edificación de 850 pisos en Son Busquets queda sin embargo de nuevo sobre la mesa. Se cederán solares públicos para que cooperativas construyan viviendas, a precios asequibles. Y el Govern está aplicando su Ley de Vivienda, que obliga a los grandes propietarios a poner a disposición de la administración, a traves de un registro público, sus pisos vacíos.

Son iniciativas bien encaminadas, pero que llegan tarde y son insuficientes. El problema de la vivienda se ha convertido en una emergencia en Palma, también en Eivissa, y en un gravísimo problema en Balears. Las medidas adoptadas por el Pacto han llegado en el último tramo de la legislatura y cabía esperar de ellas, al menos, un efecto de ralentización en la escalada de precios, que no se ha producido. Más allá de las promesas de campaña, garantizar el acceso de los ciudadanos a una vivienda debe ser una prioridad a partir de mañana, sin esperar a que la burbuja vuelva a estallarnos en las manos.