21 de abril de 2019
21.04.2019
Editorial

En los debates, que gane el ciudadano

21.04.2019 | 02:45

Es un tema recurrente, pero en esta ocasión los debates electorales han marcado especialmente la campaña de las elecciones generales. Y así continuará, previsiblemente, para las autonómicas, municipales y europeas. Aunque hay un problema de fondo sin resolver en España, una desfasada ley electoral y una nula voluntad política de acometer su reforma, la irrupción de Vox y su inclusión en los debates como un actor político más ha sido el detonante de la polémica. En Balears, Diario de Mallorca ha sido por el momento el único medio de comunicación que ha organizado un acto de estas características, de cara a la cita del 28 de abril, con presencia de todos los partidos con representación en el Congreso, PP, PSOE, Podemos y Ciudadanos; en el Parlament balear, Més y El Pi; y el partido de ultraderecha al que las encuestas auguran una representación segura. El interés informativo que suscitó y la pluralidad que se reflejó en el debate demuestran su valor en una democracia. Y avalan la necesidad de que se acometa, 34 años después de su aprobación, la reforma de la Ley Electoral española que rige en las campañas.

La Ley Orgánica del Régimen Electoral General tiene por objeto garantizar un marco estable para que el derecho de sufragio se desarrolle con plena libertad. Además de establecer todo un conjunto de normas sobre el ejercicio del sufragio, la delimitación de las circunscripciones electorales o el censo, entre otras materias, que siguen teniendo plena vigencia, la Ley tiene un apartado dedicado a la utilización de los medios de comunicación en campaña o a la publicitación de encuestas sobre intención de voto.

La aparición de las redes sociales y la revolución de los canales de acceso a la información por parte de los ciudadanos provocan que la regulación quede desfasada. Pero por encima de estas consideraciones, lo relevante es que las prescripciones de la Ley Electoral relegan el criterio periodístico a un papel secundario, nulo en el caso de los medios públicos, lo que en la práctica devalúa el papel que estos deben asumir de garantizar el derecho a la información de los ciudadanos, con plenas garantías de pluralidad y respeto a las opciones políticas, compatibles y necesarias en el ejercicio periodístico.

En la presente campaña, ha sido el Partido Socialista el que ha caído en la trampa de la ley electoral vigente, cometiendo un error estratégico de calado, al aceptar un debate en una cadena privada a cinco, con el PP, Podemos, Ciudadanos y Vox, y rechazar la propuesta de la Radio Televisión Pública, que excluía al partido de Abascal por no haber tenido representación en los pasados comicios y porque en Andalucía no reúne el porcentaje que exige la Ley, que sí permitió en anteriores comicios participar a Ciudadanos y Podemos.

La Junta Electoral Central intervino e impidió el primero de los debates, en aplicación del artículo de la Ley que establece que los canales privados deben "respetar también los principios de proporcionalidad y neutralidad informativa en los debates electorales". El presidente del Gobierno y candidato Pedro Sánchez debió prever tal posibilidad, o al menos haber aceptado las dos ofertas, la de la cadena pública y la privada, y no haber ofrecido esta imagen desconcertante de acceder solo a debates en función de sus estrategias políticas.

Al final, Moncloa y Ferraz se han visto obligados a aceptar ambas citas televisivas, con los cuatro principales partidos, que se emitirán en la noche del lunes, en TVE, y el martes, en Atresmedia, a modo de partido de ida y vuelta en el último tramo de la campaña.

Lo ocurrido demuestra en primer término la necesidad de reformar la Ley Electoral respecto a la regulación de los debates para hacer prevalecer el criterio informativo sobre otros formalismos rígidos e ineficaces. El cambio se hace también necesario para eliminar el reparto de tiempos en los espacios informativos de la Televisión pública durante la campaña, así como en la prohibición de la publicación de encuestas a una semana de las elecciones.

Es cierto que la campaña requiere de un marco legal para que pueda desarrollarse con todas las garantías de pluralidad y participación de los partidos, y los debates son parte de la misma, pero lo ocurrido estos días y en pasadas citas electorales demuestra que la regulación vigente no es válida y debe cambiarse. Hay modelos en otros países, desde los pactos entre todas las cadenas de televisión del Reino Unido o una fundación privada creada a tal fin en Estados Unidos, que pueden servir como referencia.

En Diario de Mallorca, los debates serán uno de los ejes informativos de la campaña de las elecciones autonómicas y municipales. Los cabezas de lista de los partidos que optan a las alcaldías de Palma (16 de mayo), Calvià (6 de mayo), Inca (10 de mayo) y Manacor (20 de mayo), al Consell (13 de mayo) y a la presidencia del Govern (22 de mayo) confrontarán sus propuestas en beneficio de los ciudadanos.

A siete días de los comicios, Diario de Mallorca publica hoy una encuesta, realizada para nuestro grupo editor Prensa Ibérica y El Independiente, que augura un voto mayoritario para el PSOE, pero no suficiente para gobernar con sus socios naturales de Podemos. Los resultados, dado el alto número de indecisos, están abiertos, y habrá que esperar al próximo domingo y a los pactos posteriores para conocer quién gobernará España en la próxima legislatura.

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