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Antonio Papell

Campañas y debates electorales

Televisión Española, cuyo Consejo de Informativos manifiesta a diario su lógica discrepancia con la Junta Electoral Central (JEC) por tener que ajustar la información electoral a los tiempos tasados establecidos, sin poder atenerse a los criterios periodísticos que serían los más razonables, se puso la venda antes de la herida al no intentar en primera instancia el debate a cinco que, utilizando esos mismos criterios, reclamaba la ocasión. No hacen falta muchas explicaciones para llegar a la conclusión de que el espectador desea ver debatir a los cinco líderes que van a repartirse el protagonismo en el próximo Congreso de los Diputados: Sánchez, Casado, Rivera, Iglesias y Abascal. Justo el debate que había programado Atresmedia y que la Junta Electoral Central ha echado efectivamente abajo con argumentos jurídicos poco controvertibles; Vox ha obtenido representación inferior al 1% en las dos últimas elecciones generales, muy lejos del 5% que la JEC ha fijado para que una formación política pueda ser considerada a estos efectos "grupo político significativo"? Criterio que se aplicó en su momento a Podemos y a Ciudadanos en sus primeras irrupciones.

En política, nadie es completamente inocente de nada y todo tiene que ver con todo; por ello, es evidente que la presencia o no de Vox tiene trascendencia porque influye en el imaginario colectivo. A las dos formaciones parlamentarias de izquierdas -PSOE y UP- les interesaba que la derecha apareciese en su plenitud trinitaria porque así se evidenciaría la comprometedora contaminación que Vox propaga entre las fuerzas sedicentemente democráticas. Dicho de otra forma, el hecho de que Casado y Rivera comparezcan en público del bracete de Abascal recuerda que los tres formarán gobierno si pueden, como han podido en Andalucía. Y eso es disuasorio para amplios sectores centristas que en otras circunstancias hubieran votado al PP o a Ciudadanos.

Sea como sea, las reglas están para ser cumplidas, aunque nada hubiera podido impedir que la JEC cambiara su propio criterio y, en lugar de aplicar el baremo indicado del 5%, hubiese introducido otro distinto que reconociese que si un partido estatal obtiene un resultado significativo en una comunidad autónoma "grande" debe ingresar en el ámbito de los futuribles con posibilidades. En definitiva, es racional imaginar que el despegue de Vox en Andalucía augura una presencia más que testimonial en el resto del Estado,

Sea como sea, es cada vez más evidente que nuestra normativa electoral, que es básicamente la misma que la que en forma de decreto-ley sirvió para regular las primeras elecciones democráticas de 1977 de las que emanaron las Cortes Constituyentes, debe ser actualizada. En primer lugar, han de desaparecer determinadas cautelas que hoy no tienen sentido, como la rigidez de la "campaña electoral" (como si el periodo anterior no fuera de preparativos para la consulta), la existencia de una "jornada de reflexión", la prohibición de publicar sondeos en la semana anterior a la consulta o la prohibición de hacer campaña o recomendar el voto el día de las elecciones. Todas estas artificiosas constricciones son superfluas y no aportan nada al acto democrático de votar.

En segundo lugar, hay que repensar a la luz de la experiencia la financiación de las campañas, con fórmulas semejantes a las norteamericanas, que incluyen duras sanciones a los infractores. Las leyes anticorrupción deben vincularse estrechamente a la financiación de las campañas.

Por último, hay que institucionalizar legislativamente en la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG) los debates en la televisión pública, haciéndolos obligatorios -habrá que ver por consenso cuántos y cuáles, con la debida flexibilidad, que no tiene por qué ser arbitrariedad- y dejando en libertad a los medios privados para que tomen las iniciativas que crean oportunas. En el bien entendido de que los medios públicos tienen la obligación de ser ecuánimes y neutrales pero los privados no. Y en cualquier caso, los partidos deben tomar conciencia de que están obligados moral y políticamente a volcarse en el audiovisual, que es el medio más eficaz y masivo de difundir los principales mensajes, sin perjuicio de que los matices cabalguen por otros caminos más selectos del sistema mediático.

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