Ninguno de los que osaron abrir una investigación contra el todopoderoso Bartolomé Cursach por controlar y favorecer con un sistema de corte mafioso sus locales de ocio continúa en su puesto. Esta semana la persecución que hasta ahora se urdía de forma muy burda entre los imputados y sus seguidores, en forma de manifestaciones y páginas web de tono soez, ha llegado a los despachos oficiales, en forma de informe de la Policía Nacional informe de la Policía Nacionaly una inminente investigación en el Tribunal Superior de Justicia de Balears.
El caso ha dado un giro de 180 grados y los perseguidores son ahora los perseguidos,los perseguidores son ahora los perseguidos mientras Cursach acaricia la nulidad y contempla el espectáculo en libertad y con las investigaciones de sus causas paralizadas.
La primera que abandonó el barco fue Carmen González, primera instructora del caso, que pidió un destino más pacífico en la Audiencia de Palma. Con cincuenta policías imputados, una veintena de ellos en prisión preventiva, el cese e imputación de tres exjefes del cuerpo - Antoni Vera, Joan Mut y Antoni Morey-, los funcionarios de Urbanismo de Cort paralizados por el temor a nuevas imputaciones y la cúpula del grupo Cursach descabezada, el tono de las amenazas fue in crescendo. Llegan anónimos a los responsables políticos, pinchazos de ruedas, coches incendiados y un agente que participaba en la investigación apuntado con un revólver.
Los testigos protegidos, algunos de ellos prostitutas a las que utilizaban para sobornar a policías y políticos, tienen miedo y así se lo hacen saber al juez y al fiscal. Manuel Penalva, titular del juzgado de Instrucción número 12, que sustituyó a González, y Miguel Ángel Subirán, miembro del equipo de la Fiscalía Anticorrupción, sienten de cerca la presión y cometen errores, como unos mensajes cómplices a una testigo que le cuestan al magistrado la retirada de la investigación. El edificio se desmorona. Se desmantela el Grupo de Blanqueo de la Policía Nacional que ha llevado el caso y Subirán es apartado primero y cursa una baja médica después.
La guerra sucia se libra desde fuera y desde dentro. La caza de brujas se desata en el verano de 2018, con el objetivo inicial de hallar a las personas que proporcionan información sobre el caso a los periodistas de. En un atropello sin precedentes a la libertad de información que se dirime ante el Tribunal Superior de Justicia, el nuevo juez instructor, Miguel Florit, el fiscal Juan Carrau y la Policía Judicial requisan el material de trabajo de los periodistas en busca de sus fuentes, protegidas por la Constitución. La desproporción de la medida causa asombro. Su consecuencia inmediata ha sido la detención de cuatro exmiembros del Grupo de Blanqueo por revelación de secretos.
El objetivo sin embargo es más ambicioso. Y apunta directamente al juez Penalva y a Subirán. La Policía ha presentado esta semana un informe en el que trata de fundamentar una gravísima imputación de nueve delitos a ambos basándose en unos mensajes de WhatsApp. Las conversaciones, privadas, tienen un carácter grosero alejado del obligado sosiego con el que debe procederse en los juzgados. Sí sorprende por extemporánea la conclusión que extraen los agentes de los mensajes, que atribuyen a Penalva y Subirán el objetivo de "realizar un juicio paralelo, minar a los que consideran sus enemigos y crear un estado de opinión aplastante sobre los investigados o personas a las que consideran sus enemigos, todo ello con el fin de lograr condenas".
Corresponde a los tribunales aclarar si en el caso Cursach se han respetado como deberían todas las garantías procesales que rigen en un estado de derecho. Y deslindar las posibles consecuencias anómalas que puedan haberse producido en torno al juez y fiscal de los presuntos (y graves) delitos destapados con todas las garantías durante la instrucción. En una situación tan grave como la que se está viviendo, esta valoración ha de tener en cuenta las dificultades de una investigación sobre la trama corrupta de la playa de Palma, con empresarios, políticos, policías y funcionarios implicados. Una trama poderosa que tenía atemorizados a los dueños de locales nocturnos, a los agentes que la denunciaban y a las prostitutas. Sería muy grave que el ciudadano tuviera la impresión de que el poder de las cloacas de la isla queda impune.
El escenario es a día de hoy desolador. Bartolomé Sbert ha tardado unas horas en seguir el camino marcado por la Policía y pedir la nulidad de las actuaciones como si la justicia tuviera que ignorar toda la porquería acreditada hasta ahora en la investigación. Mientras tanto, jueces y fiscales están enfrentados. Hay luchas intestinas en la Jefatura de la Policía Nacional de Palma, que inciden de manera obscena en su trabajo en el caso. Y la labor de los periodistas es cuestionada por cumplir con su función de garantizar el derecho a la información de los ciudadanos.
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