Cuando aún no ha arrancado la campaña electoral, los partidos ya llevan semanas atacándose con los temas habituales (que si Sánchez pactará con los que quieren romper España, que si no gana Sánchez vamos a una etapa de regresión como no han visto los tiempos), algún asunto pintoresco (como la libertad de llevar armas, importado por Vox de otros lugares) y algún otro necesario (como la protesta de la "España vaciada"), pero nadie trata a fondo uno de los principales problemas del país: el de la sostenibilidad del sistema de pensiones. Es el gran tabú.
Si alguien saca el tema a colación es para generar miedo entre los pensionistas ("X le recortará a usted la prestación"), pero en ningún caso se aborda la cuestión sin demagogias y con cifras. Por ejemplo, que la Seguridad Social está en un déficit creciente (este año superará los 20.000 millones de euros) porque, pese a seis años de crecimiento, los ingresos por cotizaciones son insuficientes para hacer frente a los pagos actuales (hay que recordar algo que el ciudadano no siempre tiene claro: si un empleado cotiza este mes de abril no está acumulando dinero para su pensión, sino que paga la pensión a un jubilado este mismo mes).
Además, pese a los intentos de reforma (como retrasar la edad de la jubilación hasta los 67 años o subir la prestación por debajo de la inflación), los políticos vuelven a jugar peligrosamente con la sostenibilidad€ porque saben que uno de cada cuatro votantes, el próximo día 28, tiene más de 65 años y acude masivamente a las urnas (al contrario que los jóvenes). Mientras, casi 45 de cada 100 euros del gasto público se van en el pago de las pensiones, dejando cada vez menos margen para gastar en educación, sanidad o carreteras. Pero nadie pondrá el cascabel al gato€ hasta que llegue una llamada de Bruselas o Berlín.
