Si, ANFAC ha denunciado la ley de Cambio Climático y Transición Energética del Govern balear. No me escondo, es la verdad y así la planteo en esta tribuna porque, sobre todo, lo que deseo es expresar ante la opinión pública las motivaciones por las cuales consideramos, en nuestra asociación, que es justo oponernos a esta ley. Que estamos convencidos de que esta ley no es óptima para el medio ambiente ni para la economía ni para la sociedad.

Y no soy negacionista, creo en la lucha contra el cambio climático. No me malinterpreten. Los fabricantes de vehículos están alineados en el cumplimiento de las más exigentes normativas medioambientales de la Unión Europea, para reducir las emisiones de CO2 y contaminantes.

Tampoco queremos frenar el avance tecnológico. En las mismas manos que diseñan y fabrican los denostados nuevos coches diésel, está también la respuesta de la movilidad cero emisiones. Obviamente, supone un desafío incalculable pero nuestro compromiso nos impone, no sólo seguir esta senda, sino ser pioneros en ofrecer las soluciones de movilidad del futuro, como lleva haciendo esta industria los últimos cien años.

Pero estamos en contra del veto al nuevo diésel, a la gasolina, al gas y a los híbridos sin un criterio científico o medioambiental potente. Entendemos que esta prohibición va en contra de las normas de libre comercio europeas y española, perjudica a la industria y a la distribución y no va a lograr su objetivo de reducción de emisiones.

La medida solo veta a los vehículos nuevos. Al resto se les permite circular hasta el fin de su vida útil. Así, en 2030, podremos circular en un coche diésel que tenga quince años de antigüedad, pero no en uno nuevo de ese mismo año, cuando cumplirá unos estándares tecnológicos, medioambientales y de seguridad mucho más exigentes. ¿Cómo puede saber el Govern en qué estadio estará la tecnología en 2025 o 2050 a nivel de emisiones contaminantes? Es como decirle a Apple que los iPhone de 2050 no tendrán nada mejor que los actuales. No podemos escudarnos en qué otros países han marcado objetivos más ambiciosos de veto porque ya hemos visto que es ésta la primera norma con rango de ley que impone esta prohibición. Es tan inédito el veto que hasta el New York Times se ha hecho eco.

Se pretende pues cumplir este objetivo con una dependencia total en el vehículo eléctrico. Sin duda, este vehículo es clave, pero su entrada masiva y asequible requiere de un impulso radical que, hoy en día, no se está dando. Sirva como ejemplo, los 17 meses consecutivos que llevamos sin planes activos de ayudas a la compra o el hecho de que el país esté a la cola de la UE en puntos de recarga. Los fabricantes van a poner en el mercado más de cincuenta modelos electrificados en el horizonte 2020 y los ciudadanos cada vez tiene más interés en estos modelos, pero necesitan de más seguridad, de más certidumbre.

Por tanto, incumplir la normativa europea sin una justificación válida con una norma regresiva que impacta gravemente contra los intereses sociales y económicos y sociales no parece la mejor solución. Para evitar un desplome económico en los concesionarios, talleres, rent a car, fábricas y empresas de transporte del conjunto del país, hemos interpuesto esta denuncia. Sólo queremos buscar una vía alternativa, conjunta, basada en estrategias positivas y no en prohibiciones. Lo hemos intentado, qué duda cabe, con múltiples reuniones con el Govern y otras formaciones políticas, hasta que ésta ha sido nuestra última salida. Pongamos el contador a cero de nuevo, sentémonos a hablar y dibujemos juntos esa senda hacia la en Balears de manera que pueda ser un ejemplo que seguir, ahora sí de verdad, para todos los territorios europeos.

* Vicepresidente ejecutivo de la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (ANFAC)