Colocar en un puesto político encargado de una materia sensible a alguien sin vocación es garantía de fracaso. Fracaso para el área en cuestión, no para el agraciado con la prebenda (que en este país pillar poltrona pública ya es un éxito en sí mismo). Especialmente triste es lo que sucede desde hace bastantes años en la concejalía de Bienestar Animal de ciudades como Palma, donde, para empezar, la ausencia de sensibilidad lleva a englobar tal área municipal junto a departamentos como el de recogida de basuras y gestión del alcantarillado. ¿A nadie más que a mí le rechina tal emparejamiento? ¿Es que, por alguna traición del subconsciente, se equipara a los pobres animales maltratados y abandonados (seres con capacidad de sentir, como declara el propio Tratado de Lisboa, suscrito por España en el ámbito de la Unión Europea), con simples "residuos" que, como tales, deben ser "gestionados"?

¿Y qué esperar de una regidora de ese área en Palma, actualmente en manos del grupo Més (lo digo a título informativo y no porque, lamentablemente, vea mejores perspectivas en otros partidos tradicionales; ojalá me equivoque), que simplemente obvió la celebración del primer congreso estatal sobre derecho y protección animal organizado en Palma por la segunda comisión colegial de abogados especializados en dicha materia más antigua de España? Congreso en el que intervinieron ponentes de la talla del fiscal jefe de medio ambiente del Tribunal Supremo, además de jueces, abogados y psicólogos especialistas en el tema (¡ah!, ¡que ese congreso se celebró en 2016, cuando acababan de llegar al poder municipal, y no había por tanto que hacer grandes demostraciones, porque tenían el puesto asegurado durante tres años más!).

Ahora, sin embargo, al aproximarse las elecciones, todo se ha trocado en prisas y alarde de mucha actividad: un "frenesí animalista" que llevó a la reciente presentación de una nueva ordenanza municipal plagada de ambigüedades y desatinos, y que ha debido ser retirada poco después. ¿Creen que exagero? ¿Qué me dicen entonces del intento de fijar el número máximo de mascotas por vivienda (a las que en un ejercicio de buenismo se pasaba a denominar, eso sí, "animales de familia" ¡cuánta sensibilidad, pardiez!) en un máximo de tres animales en pisos, y cinco en viviendas unifamiliares? Así, sin tener en cuenta si los animales tenían el tamaño de un San Bernardo o de rateros, ni si la vivienda era un estudio de 30 m2, un ático de 300, un minichalet de una habitación o un castillo con torreones, jardín de 10.000 m2 y hasta patio de armas. ¡Qué alarde de ingenio! Imagino el desgaste mental tras el brainstorming. ¿Se calculó cuantas adopciones podría frustrar? ¿Y cuántos abandonos podría provocar?

¿Y qué decir del anuncio de que iban a regular las colonias felinas reconociendo la figura del gato feral y la de la persona alimentante? ¿Ahora, al final de la legislatura? ¿Sabrá la responsable municipal que ya en el año 2012 la Asociación Balear de Abogados por los Derechos de los Animales (ABADA) estuvo negociando con ese ayuntamiento la regulación con garantías de esas colonias? ¿Que a raíz de ello se obtuvo el compromiso municipal de facilitar un carnet oficial a los cuidadores? ¿Y que se consiguió la aprobación de las primeras placas señalizando las colonias, a fin de que fueran respetadas por autoridad y vecinos? Y si lo sabe, ¿por qué no se continuó con tal regulación?

Y la guinda: mantener en el cargo al actual director de la perrera municipal de Son Reus, a pesar que durante los últimos meses se han recogido en change.org casi diez mil firmas (y subiendo) de ciudadanos que exigen su destitución (demanda colectiva tras numerosas quejas durante años, parecen siglos) a causa del mal funcionamiento de la perrera: perros durmiendo en el suelo húmedo en pleno invierno sin ni siquiera una manta, cuestionable calificación de perros como "ppp", discutible devolución de animales a sus titulares cuando podría haber indicios de maltrato, además de, entre otras lindezas, las antiguas y famosas "jaulas ocultas" (reconvertidas a raíz de una reclamación y posterior demanda judicial) donde se internaba a animales con "malformaciones" ( sic), limitando su opción de ser vistos y, por ende, de ser adoptados, etc.

¿Política municipal de protección animal? Indudablemente hace falta un cambio de rumbo (y de talante).