Ya es primavera electoral en la Junta Hotelera, más militante que nunca. En la Asamblea reunida el pasado lunes en la sede de la Federación, una treintena de representantes del empresariado turístico escucharon a María Frontera reiterando el argumentario para las autonómicas, "va a ser una temporada muy mala".
La presidenta de los hoteleros que no hotelera señaló la causa inmediata, "la ecotasa" que Gabriel Escarrer jr. llama "ecofarsa". Duro con la izquierda, la Junta no debe apartarse del mensaje llorón de aquí al 26 de mayo. La propia Frontera avisó a sus huestes de que está redactando un artículo de opinión al respecto, a publicar en prensa. Para motivar a la Junta, les advirtió de un déficit de conectividad. Las compañías no quieren volar a Mallorca, quién lo diría.
En el relato apocalíptico de Frontera, no se habían podido colocar los 32 mil vuelos de la quebrada Germania. En Son Sant Joan sobrarían slots o derechos de pista que nadie compra, y la responsable hotelera insistía en que el gestor de la navegación aérea Enaire se niega a suministrarle los datos. Ni una mención a la duplicación del precio de las habitaciones. El problema llegará en 2020, a negociar con los mayoristas en junio, pero hay que ganar como sea las elecciones de mayo. Han tenido al Pacto de Progreso a sus pies durante cuatro años, ahora lo quieren bajo sus pies. Nada ha cambiado desde el gran Aurelio Vázquez, feliz boda en junio.
En el bando hotelero, Alberto Carlos (tan jocoso como lo sería Matías Antonio) Rivera ha entregado a su partido al PP antes de la celebración de las generales. La caída de las acciones de Ciudadanos pone en peligro el escaño por Balears que debe ganar Juan Mesquida, y que no es el más sólido en las encuestas. Por fortuna, el mallorquín tiene garantizado el ministerio del Interior en un Gobierno con Vox. Las almas sensibles pueden saltarse los próximos párrafos.
En la imagen que hoy nos ilustra, y según los criterios que el fiscal Juan Carrau exige para que le imputen en el secuestro de móviles a periodistas, la foto de un risueño fiscal jefe Bartomeu Barceló entre el ministro Ruiz Gallardón y José Ramón Bauzá supondría la recusación a perpetuidad de la fiscalía en cualquier causa con partidos políticos.
En andanadas sucesivas, Carrau logró la inhabilitación del juez Manuel Penalva para instruir el caso Cursach, y ahora reclama la recusación de la jueza Felisa Vidal en el caso Cursach, porque ha tenido la osadía de investigarle por propinar un mayúsculo bofetón a la libertad de expresión. Está claro que Mallorca no ofrece magistrados con sus requisitos de pureza. Dado que las eliminaciones son procesos enojosos, tal vez podría señalar el propio fiscal a un juzgador a su altura. Si lo hubiere.
La demolición que Carrau efectúa de Felisa Vidal carece de precedentes en el sosegado ambiente judicial mallorquín. Con todos los respetos para la cólera del fiscal, no llegará a lo que hemos escrito en esta página sobre la jefa de los servicios jurídicos de James Matas que acabó en el Tribunal Superior. Por eso mismo, nos asiste cierto crédito para señalar que el auto de la magistrada que confirma la imputación de Carrau es un documento imprescindible para refrescar la libertad de prensa. En especial, cuando reprocha a la fiscalía que niegue el secreto profesional de los periodistas.
En su defensa, Carrau se remite a Otegi, todo vale. Le resulta insufrible una jueza nombrada por un Parlament del PP. Esta contaminación política también se registró en el tribunal del Túnel de Sóller. ¿Quién era el acusador público entonces? Un tal Juan Carrau Mellado, que se guardó mucho de recusar por "enemistad manifiesta o interés directo". Como reconoce el propio Carrau con un texto de la editora de este diario, su prestigio personal es una creación de los medios. Vean El gordo y el flaco, hilarante película triste donde cuesta elegir entre las memorables interpretaciones de John C. Reilly y Steve Coogan.
Reflexión dominical desilusionada: "La derecha no puede decepcionarnos, la izquierda lo logra a diario".
