En el último y, por lo que parece, inútil acuerdo del ayuntamiento de Palma haciendo otra modificación puntual del PGOU en la fachada marítima, con la intención de dar respuesta a la sentencia de los tribunales en la que se cuestionaba la valoración de los solares hecha en 2004 por la administración municipal de 2m2 en segunda línea por cada m2 de la primera por la de 2,6m2, todo ello mediante el aumento de edificabilidad en Nou Llevant; quedando además el edificio de Gesa de propiedad de Endesa, existiendo una reclamación de esta misma empresa de 130 millones de euros por haber tenido que devolver esa misma cantidad a Núñez y Navarro más otros 40 por no haber podido utilizar el edificio y bienes anejos durante más de diez años, se solicitaba al Consell Insular de Mallorca el cambio de la protección del edificio como bien catalogado. Se pretendía el cambio de la protección anterior a la llamada B que sólo protege la fachada. La respuesta de la ponencia técnica de Patrimonio ha sido que la protección debe ser A1 o A2 en que cualquiera de ellas protege no solamente la fachada sino, además, otros elementos incluidos en la ficha de catálogo, como la diafanidad de los espacios y otros que no permitirían la compatibilidad de los usos residencial, plurifamiliar y turístico que solicitaba el ayuntamiento.
Así pues sigue empantanada la fachada marítima sin que nadie se atreva a pronosticar su desenlace. Pero es preciso recordar una vez más que todo este enrevesado proceso nada tiene que ver con la correcta aplicación de las normas urbanísticas ni con una visión progresista de la ciudad de una izquierda política seria y rigurosa, sino una consecuencia deletérea del gobierno en el Consell de Mallorca de un partido corrupto hasta las trancas, como era UM, y de unas fuerzas de la izquierda, PSOE, PSM e IU, con tales y enfermizos deseos de poder y votos, que no dudaron en secundar la iniciativa política de venganza de Munar por la denuncia de J. L. Núñez ante los tribunales del concurso amañado de venta de Can Domenge. Paradójicamente, no fueron los fiscales, ni la justicia ni los partidos de izquierda los que posibilitaron el inicio de la lucha contra la corrupción, más tarde extendida al PP de Matas, sino alguien condenado más tarde por sobornar a funcionarios de Hacienda en Barcelona. Las vueltas que da la vida o cómo Dios escribe derecho con renglones torcidos.
Contra el urbanismo concertado, a veces llamado a la carta, se ha escrito mucho, a veces de forma injusta. Quiero recordar que a principios de los ochenta el ayuntamiento llegó a un acuerdo con los propietarios de los molinos de la calle Industria para crear un espacio público importante, salvar los molinos y, al tiempo, conseguir el retranqueo de los edificios a edificar. En el Molinar, no sólo se consiguió salvar a los molinos, también retranquear los edificios a los que se les redujo la altura y volumetría a la que podían aspirar de acuerdo con los permisos municipales de los que disponían; también desplazar la carretera que conducía al Portixol junto al mar hasta hacerla pasar tras los edificios. Hacerlo así mejoraba sustancialmente las dos zonas y protegía a la ciudad de cuantiosas indemnizaciones que habrían debido pagar a tocateja los palmesanos con sus impuestos en el caso de haber impuesto una solución radical. Y esto fue posible con los votos del PSOE, PCE y PSM. Fue una muestra de realismo político que sólo ha aportado beneficios a la ciudad.
El ayuntamiento presidido por Aina Calvo, con un gobierno participado por el PSOE, UM, IU y PSM, se sumó entusiasta a la venganza de Munar. ¿Quién podía oponerse a la voluntad política de una izquierda (acompañada por la corrupción que todos conocían de UM) que en absoluto se ruborizaba en proclamar que mejor un parque para la ciudad que edificios de viviendas para los ricos? Era un absurdo hacer un parque a continuación de uno inacabado (el Parc de la Mar); pero, además los directamente beneficiados eran las viviendas situadas en la calle Joan Maragall, cuyo entusiasmo con el proyecto municipal es perfectamente comprensible, no el conjunto de la ciudad que disponía de un PGOU donde se habían considerado cuáles eran sus sistemas generales y que, en caso de reclamaciones deberían hacer frente a sus indemnizaciones. ¿Pagar indemnizaciones? Las respuestas no se hicieron esperar. José Hila, concejal de urbanismo con Calvo declaró que "el mejor edificio singular es un parque" y Alcover, concejal de Hacienda y hombre fuerte de Armengol "el parque no va a costar ni un euro a los palmesanos"; eso en el momento en que debía pagarse (según el ayuntamiento) a los promotores 2m2 en segunda línea por cada m2 en la primera, incrementando la edificabilidad de Nou Llevant. Endesa demanda que el total de las compensaciones equivalga a los 130 millones que reclama. A lo que las asociaciones de vecinos y Arca respondieron hace dos meses criticando a Endesa por su "avaricia". Habría que preguntarse si la defensa del patrimonio de sus accionistas por parte de una empresa acudiendo a los tribunales ante un expolio es "avaricia"; habría que concluir que todas las empresas y el sistema económico y legal que las ampara protegido por la Constitución, es inmoral. Por qué unas empresas sometidas a este sistema serían avaras y otras no. En fin, abocados a un conflicto provocado por los demagogos.
