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Antonio Papell

Cataluña: razón de Estado

Es totalmente inapropiado que se utilice el delicado conflicto catalán como instrumento electoralista con el que conseguir votos no tanto en Cataluña como en todo el Estado

La actitud díscola de Torra en relación con los símbolos -el remoloneo a la hora de acatar las instrucciones de la Junta Electoral Central (JEC)- ha sido una burda señal de activismo primario, con la que este personaje, incapaz de gestionar Cataluña, trata de rozar la heroicidad simbólicamente y sin mancharse y, por supuesto, sin arriesgarse demasiado a sufrir las consecuencias de una transgresión de la legalidad. La ministra portavoz del Gobierno, Isabel Celáa, advirtió ayer al president de la Generalitat, Quim Torra, de que la negativa a retirar los lazos amarillos como había ordenado la JEC rebasaría la "raya de la desobediencia". En una entrevista radiada, la ministra atribuyó el desafío lanzado por el president catalán a que está en "permanente búsqueda de conflicto". El Síndic de Greuges, que se ha avenido a jugar el juego de Torra sin tener competencia alguna en el asunto, le ha servido al president para salvar la cara, y aun para que los suyos le rían las gracias por la "respuesta creativa" que ayer se disponía a ofrecer tras el cumplimiento de la proscripción. Pero la actitud obstruccionista de Torra indica su nula disposición a solucionar el conflicto.

Este episodio está inscrito en la táctica de "cuanto peor, mejor" que mantienen Puigdemont y su camarilla, unos personajes que perderían toda relevancia política si el conflicto catalán ingresara en la vía racional de la negociación y el acuerdo. De entrada, ya se sabe que el "exiliado" Puigdemont tendrá insolubles problemas jurídicos cuando se plantee regresar a España. Y en todo caso, lo que estas líneas quieren enfatizar es la descabellada respuesta de la actual oposición estatal a la bravata del soberanismo: para el PP y Cs, la culpa del desplante de Torra es del Gobierno Sánchez, que era asimismo el obligado a resolver la situación.

Todo el mundo sabe que la JEC, una pieza esencial de la arquitectura electoral española según la LOREG -una ley cuyo contenido se consensuó antes incluso de la Constitución de 1978- es la encargada de resolver los conflictos que puedan plantearse en periodo electoral, por lo que a ella le concierne en exclusiva no sólo tomar las decisiones sino también impulsar el cumplimiento de sus resoluciones. En consecuencia, es la JEC la que hubiera debido, en su caso, ordenar medidas policiales o interponer ante la fiscalía denuncia por las infracciones que se cometieran. Las invocaciones que acusan al gobierno de inactividad en este asunto son mera demagogia? que debería llevar a una reflexión: es totalmente inapropiado que se utilice el delicado conflicto catalán como instrumento electoralista con el que conseguir votos no tanto en Cataluña como en todo el Estado.

En un cierto momento, las formaciones de la derecha, han llegado a decir que lo que está en juego el 28 de abril es la aplicación incondicional e ilimitada del artículo 155 de la Constitución, se supone que para suspender la autonomía, o el mantenimiento de forcejeo actual, en el que el independentismo manifiesta su disidencia pero sin vulnerar las leyes. No parece ocioso decir que la aplicación o no del artículo 155 debe motivarse, y que habría de ser objeto de un consenso parecido al que logró Rajoy cuando lo hizo.

En definitiva, aunque la cuestión catalana no puede dejar de estar presente en la argumentación preelectoral, lo deseable sería que fuese considerada un asunto de Estado en el que las grandes determinaciones, se adoptasen siempre a través de amplios consensos.

Quienes piensan que la pacificación de Cataluña llegará exclusivamente de la mano de la firmeza ciega, de la mano dura, de la involución autonómica o de la arbitrariedad, se equivocan de plano. Quienes no estamos dispuestos a pensar que el conflicto catalán no tiene solución, que somos a buen seguro mayoría en este país, y lucharemos incansablemente para ampliar el margen de ventaja de la mayoría social no secesionista por la vía de reconocer los errores cometidos -que los hay- y de aceptar las reclamaciones razonables que Cataluña realiza. Este país daría una gran prueba de madurez ante sí mismo y ante el mundo si fuera capaz de plantear ese gran problema con serenidad y sin alaridos.

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