Es recurso habitual entre quienes intentan pasar por alto, explicar o, incluso, justificar la corrupción, la trapacería, la escasa preparación que se da entre le clase política, y, simultáneamente, defender el statu quo para que no se modifique ninguna de las reglas constitucionales que lo perpetúan, como que el sistema electoral deba ser proporcional, que la circunscripción sea la provincia, el nombramiento de las cúpulas de la magistratura, etc., atribuirlas, no al sistema de reclutamiento de los cargos públicos sino a las carencias de la sociedad española. La democracia española sería deficiente porque lo son los valores morales de la sociedad española. Al fin y al cabo los políticos, elegidos democráticamente no dejarían de ser una representación de la sociedad de la que proceden. En el fondo, aunque nunca lo reconocerían, es el mismo argumento que se repetía durante el franquismo: el pueblo español no está preparado para la democracia. Nada más falso. La partitocracia que sufrimos es el resultado de un diseño institucional en el que se adjudica el poder político a los partidos y no a los ciudadanos. El resultado son organizaciones endogámicas, clientelares, en las que la ideología es la pantalla bajo la que se enmascara la pura lucha por el poder; cuyas reglas internas son aplicadas sin la menor salvaguarda legal; orientadas al acceso a un cargo público remunerado; donde quienes llegan a las cúpulas son los más avezados en la lucha interna y sus miserias. Naturalmente esto se da también en los países con sistema mayoritario y con mejor separación de poderes, pero no en la misma medida porque, al final, en esos países, Francia, EE UU, Reino Unido, hay elecciones directas a los candidatos.
Es preciso insistir en esta cuestión en un momento en que están convocadas las elecciones generales para el 28 de abril, en un clima de polarización política, a todas luces incompatible con la ubicación de la mayoría de los ciudadanos en posiciones centristas en la escala ideológica izquierda-derecha. Es la consecuencia directa de la ruptura de esa escala por la nueva escala identitaria. Se produce por el abandono de la primera por el PSOE de Pedro Sánchez tras apoyar el 155 en Cataluña, aliándose con PDeCAT, PNV, ERC y Bildu para acceder a la presidencia del Gobierno en la moción de censura de 2018. Decíamos hace tiempo que el proceso independentista en Cataluña favorecería el renacimiento del nacionalismo español y así ha sido. A toda acción, en física y en política, corresponde una reacción. Solo así se puede explicar lo sucedido en las elecciones andaluzas y en la concentración de Colón. Es obvio que quien, por su ambición personal ha polarizado al país y dividido al PSOE, ha sido Pedro Sánchez. No deja de ser tremendamente contradictorio que quien desde entonces se desgañita en sus ataques a "las dos derechas aliadas con la ultraderecha de Vox" (no se puede ir ni a la vuelta de la esquina con la ultraderecha, pero sí a La Moncloa con la ultraizquierda de Bildu y Podemos) se lamente, con carta de Narbona incluida, del acuerdo de Ciudadanos de no pactar tras las elecciones con el PSOE. Sánchez, que tendría que explicar por qué quiso gobernar en 2016 con la "derecha" de Cs, se quiere presentar ahora, tras dividir al país, como el candidato de la única opción moderada, tratando de que se olvide que pactó para ser presidente con los que pretendían destruir al Estado. El veto de Cs le resitúa como el candidato que únicamente puede ser presidente con el voto de los independentistas de derecha y de izquierda, desmontando su estrategia de última hora de moderado entre radicalismos, lo coloca otra vez de candidato de la facción independentista.
La sociedad española no está polarizada. Ni en el eje izquierda-derecha ni en el eje nacionalismo español-nacionalismo catalán y vasco. Aunque sí lo está la sociedad catalana. Sánchez ha arruinado la posibilidad de hacer realidad el último intento de ofrecer una salida centrada, el de 2016, no a la crisis del sistema político, que amenaza convertirse en crónica, sino a las consecuencias políticas de la resolución de la crisis económica fiándolo todo a la política de recortes de Rajoy y a la corrupción de su partido. La primera trinchera la construyó Sánchez en 2017 pretendiendo gobernar con 84 diputados auxiliado por quienes quieren destruir el Estado en vez de convocar elecciones inmediatas. Un gobierno atrincherado que niega la rebelión independentista después de afirmarla, que acepta el diálogo con los independentistas (cuyo único tema es el referéndum), sólo roto por el escándalo del "relator", provoca la reacción del centro-derecha que, a su vez se atrinchera. Casado, un líder débil, recurre al lenguaje incendiario que cree evitará el sangrado de votos hacia Vox. Quizá lo consiga, pero al precio de cavar la trinchera aún más profunda. No son los ciudadanos los que las cavan, son los políticos los que están arrastrando a la ciudadanía a una división entre bloques como no se había visto desde la Transición. Ante el 28 de abril el ciudadano medio, identificado entre el 4 y el 6 de la escala de autoubicación ideológica va a verse obligado a escoger entre dos bloques enfrentados y excluyentes con ninguno de los cuales se siente identificado. Ésta puede ser la prueba más evidente del fracaso del impulso iniciado en la Transición de acabar con la historia del enfrentamiento civil entre lo españoles durante los siglos XIX y XX. El de 1936 culminó en la guerra civil. No sabemos cómo desembocará el que vivimos hoy, cuando nos protege la pertenencia a Europa. Sólo una cosa es cierta, el enfrentamiento lo dirigen unos políticos irresponsables, como antaño.
