La testifical del ministro del Interior Juan Ignacio Zoido en el juicio del procés la pasada semana en el Tribunal Supremo se desvinculó por completo de las actuaciones policiales el 1 de octubre de 2017, cuando las fuerzas de seguridad del Estado intentaron sin éxito y por la fuerza que no tuviera lugar la votación, y trasladó toda la responsabilidad de lo sucedido a sus subordinados. El espectáculo de ver a todo un exministro del Interior lavándose las manos tras un choque manifiesto entre las fuerzas a su cargo y sectores muy significativos de la sociedad civil, mientras los mossos d'esquadra evitaban ostensiblemente implicarse en la confrontación es, además de chusco, una colosal muestra de incompetencia política, de falta de sentido del deber, de desconocimiento del papel de cada institución en un Estado de Derecho.
Zoido se limitó a defender genéricamente las actuaciones policiales durante las jornadas del 20-S y del 1-O de 2017 y las calificó de "proporcionales"; manifestó que el despliegue de los mossos durante la jornada del referéndum ilegal fue "insuficiente" y que se le dijo por teléfono de que podrían estar "simulando" sus tareas. Que no estuvo ni tuvo nada que ver con las reuniones de coordinación de las fuerzas y cuerpos de seguridad de cara al 1-O ni con las órdenes que recibieron los efectivos de Policía y Guardia Civil. Descargó en el coronel Pérez de los Cobos y en los mandos de estos dos cuerpos y de los mossos la plena responsabilidad por lo ocurrido. Asimismo, explicó que era el entonces secretario de Estado del Interior, José Antonio Nieto, quien le iba informando de los acontecimientos. Si, por algún incidente incontrolado, aquellos choques hubieran terminado en tragedia, el ministerio del Interior no hubiese podido impedirlo porque no tenía -según declaración paladina de este individuo- el menor control directo sobre lo que estaba ocurriendo. El ministro era un observador externo del conflicto. Inaudito.
Esta desaparición del titular del ministerio del Interior del lugar de los hechos, este abandono de los funcionarios policiales a su suerte (y al mando directo de una autoridad profesional desvinculada de la autoridad política), esta dejación indigna de responsabilidad de quien hubiera debido estar en primera fila observando minuciosamente el curso de los acontecimientos para dar con agilidad las ordenes pertinentes (es claro que habría habido que detener mucho antes la acción policial, tras constatar al boicot de los mossos) son elementos que explican claramente, con una diafanidad llamativa, la ausencia del Estado en Cataluña durante aquellos ominosos hechos. Hacía mucho tiempo que el Estado había desertado de Cataluña, que el Gobierno de la Nación veía a Cataluña como una especie de cuerpo extraño que era preciso retener obsesivamente pero que no había que integrar para resolver el conflicto. Y aquella defección, aquella evasión moral del problema a cargo de quienes estaban directísimamente encargados por la soberanía popular de afrontarlo, es el relato en sepia del Estado ausente, el hueco en el aire de una gran carencia resolutiva, que ha emponzoñado el conflicto y lo ha empujado insistentemente hacia la unilateralidad.
Las instituciones que administran la fuerza legítima del Estado -el Ejército y los servicios de seguridad pública- deben ser absolutamente jerárquicas para garantizar que la política prevalece en todo caso, que la sensibilidad democrática se ocupará de garantizar la proporcionalidad exquisita entre el poder de las armas y la afrenta a la legalidad. El general que manda una tropa cometería una gran indignidad si, ante cualquier exceso de unos soldados en una acción militar, culpara a los mandos intermedios de incompetencia y se lavara las manos. En virtud de unos principios que están implícitos en la concepción de nuestros estados de derecho, la asunción de responsabilidad por quien manda está en el eje del sistema porque responde a la confianza otorgada por el pueblo titular de la soberanía. Parece mentira que Zoido, que es además juez de profesión, no entendiera el alcance de la encomienda que se le hacía al depositar en sus manos la seguridad del Estado. La realidad es que quienes tenían la aplicación del principio de legalidad en sus manos no han sabido gestionarlo en absoluto.
