En unos tiempos poco propicios para el desarrollo del Estado Autonómico y para el reconocimiento de los hechos diferenciales, es una gran satisfacción constatar que el Consejo de Ministros aprueba el Régimen Especial de les Illes Balears (REB). El renovado instrumento nos asegura situar Balears en la media de las inversiones estatales, otorgándonos la posibilidad de marcar las prioridades que, desde aquí, se consideren necesarias. Nuestra Comunidad dejará de estar en el furgón de cola del ranking inversor. Con este nuevo acuerdo, se blinda el 75% del descuento para residentes y se abarata el transporte de mercancías; de ese modo, se garantiza una mejor movilidad a nuestra ciudadanía al tiempo que nuestras empresas competirán con las mismas condiciones que las del continente. Además, la normativa plantea inversiones para asegurar la sostenibilidad energética y promover la instalación de energías renovables. Y, finalmente, se abre la puerta a un régimen fiscal que ofrecerá ventajas fiscales y establecerá reservas de inversiones de los beneficios para empresas, deducciones a las cuotas para los autónomos e incentivos para que los sectores productivos puedan competir en igualdad de condiciones. Para esa última fase será preciso tramitar unas obligadas iniciativas legislativas, que se concretarán en los próximos meses. Se trata realmente de una noticia trascendental, dado que supone un avance en el ámbito del autogobierno, campo en el que la derecha española pretende una clara involución. Así lo ha puesto de relieve el voto de Ciudadanos a las reformas de los Estatutos de Canarias y la Comunidad Valenciana, a las que no dio su apoyo, y que garantizan inversiones en esos territorios, así como nuevos traspasos de competencias. El PP transita por la misma senda: esgrimió la excusa de la crisis económica para recentralizar competencias, limitar la autonomía financiera de las Comunidades y eliminar las inversiones estatutarias previstas en varios Estatutos, entre ellos el balear. Luego, dio por finiquitada la crisis pero no por ello se recuperó lo eliminado. La deriva de PP se desplaza hacia terrenos alarmantes. En el último pleno del Senado defendió una moción en contra del avance en el traspaso de competencias en el País Vasco con un discurso que supone un misil a la línea de flotación del estado autonómico. Su portavoz afirmó que cualquier paso en este sentido atenta contra la igualdad de los españoles. Y finalmente, qué decir de Vox, formación sin complejos que pretende eliminar, ni más ni menos, que el derecho a la Autonomía, uno de los principios clave y esenciales de nuestra Constitución.

La relevancia del nuevo REB es especialmente significativa considerando que las negociaciones con Madrid siempre son difíciles para una Comunidad pequeña como la nuestra. No siempre se entiende desde la capital que -tal y como establece el artículo 138 de la Constitución- el hecho insular merece especial atención. Eso se traduce en una aplicación efectiva del principio de solidaridad para garantizar el equilibrio económico adecuado y justo entre las diversas partes del territorio español. Las dificultades, no menores, ensalzan el logro y la capacidad de negociación que han mostrado los gobiernos de Armengol y Sánchez en tiempo récord, sobre todo teniendo en cuenta los momentos políticos tan especiales que vivimos. Como ya ocurrió con la negociación del anterior sistema de financiación y de las inversiones estatutarias, el hecho de que haya gobiernos progresistas en Palma y en Madrid ha facilitado el acuerdo. Unas negociaciones que, por cierto, no acaban aquí, y demandarán de una especial atención en los próximos meses. Finalmente, como factor fundamental del éxito, es preciso resaltar la implicación de todas las formaciones políticas y de los agentes económicos y sociales que han proporcionado apoyo a las demandas que se formulaban desde el Govern de les Illes Balears. Es una prueba más de la importancia de contar con instituciones propias que permiten, desde la cercanía, un mejor conocimiento de la realidad y facilitan la implicación y la participación política para el impulso de un proyecto común para nuestro territorio.

* Senador por Illes Balears