gual hemos dormido una siesta demasiado larga, por puro hartazgo preelectoral, y nos hemos despertado después de 28A e incluso después del 26M, y la derecha trifálica, testosterónica y apocalíptica ya está gobernando en todas partes incluidas Mallorca y su capital. Lo digo por el vídeo grabado por B.Ramon para este diario en el que se recogía la carga policial contra los vecinos y activistas que protestaban el lunes por el desahucio de una familia en el barrio palmesano de Can Capes. Cabe calificarla, como mínimo, de dura. Cabe preguntarse, como mínimo, si se usó eso que se llama "fuerza proporcionada" contra las personas allí congregadas. Una familia normal desalojada de forma involuntaria pese a haber pagado religiosamente sus mensualidades durante años por mor de una deuda de 160 euros del impuesto de residuos, que los afectados ni siquiera reconocen, porque aseguran estar abonando a plazos. Una historia más del drama en el que se está convirtiendo para muchas personas el reto de conservar el techo sobre sus cabezas en esta ciudad de precios exorbitantes, donde cualquier inquilino es exprimible hasta el infinito y más allá. Afirman quienes ya están en campaña que la próxima será la legislatura de la vivienda, como si este problema descomunal no hubiese centrado la que aún no ha concluido, amargando la existencia de un porcentaje de ciudadanos muy apreciable. Sería injusto olvidar a las 1.500 familias a las que el ayuntamiento ha ayudado a conservar su casa en los cuatro últimos años, pero este es un magro consuelo para quienes han perdido la suya, y encima a porrazos.
No merece acabar así un mandato en el que el alcalde de la ciudad acaba de ser imputado por regular el alquiler turístico, tal y como le exige la ley, prohibiéndolo en fincas de pisos, tal y como le ordenaron los votantes que le dieron la vara de mando. Una decisión valiente que ayudaría a templar el recalentado mercado inmobiliario le va a costar a Antoni Noguera una investigación por prevaricación, a instancias de los empresarios de un sector que ya nadie osa confundir con la economía colaborativa. Puestos a acabar en los tribunales, territorio siempre incógnito, se tendría que haber ido más allá, e impedido habilitar viviendas vacacionales en casas entre medianeras, las plantas bajas de toda la vida. No pudo ser por la negativa de los socios de Més, los socialistas temerosos de asustar a sus votantes dueños de los adosados, si es que existen. Ojalá se hubiera dado ese paso tan lógico. Así barrios como el de Son Espanyolet no estarían a día de hoy en pie de guerra contra una actividad que amenaza seriamente la tranquilidad y la convivencia del que era un barrio idílico, transformado en lo que los vecinos describen gráficamente como un "hotel horizontal". En manos de inversores foráneos que se llevan el beneficio y dejan el ruido y las molestias. Ya pueden llamar los residentes agobiados a la policía cuando las fiestas se prolongan de madrugada entre semana, cuando aprecian con claridad que se han sobrepasado las plazas permitidas en la licencia, que no contarán con la eficiente y contundente respuesta que se observó el lunes en Can Capes.
