La legislatura llega a su fin en medio de la zozobra política. La convocatoria de elecciones generales para el próximo 28 de abril certifica la extrema debilidad parlamentaria del partido socialista y la fragilidad de las alianzas que le auparon al poder. La sucesión de choques tectónicos que han fragmentado el país, unida al azote constante de los populismos y al grave conflicto territorial, han evidenciado el escaso margen de maniobra del actual Ejecutivo. La derrota electoral en Andalucía, el veto a los Presupuestos Generales del Estado y el fracaso de las negociaciones con el independentismo catalán -enrocado en la pretensión de desbordar el marco constitucional- marcan el final de un periodo de gracia que ya no daba más de sí. Tras la manifestación del pasado domingo en Madrid y la escenificación -sea cierta o no- de un posible pacto de derechas que incluiría a Vox, Pedro Sánchez ha percibido la ocasión de volver a ocupar la centralidad del espacio político. Es una apuesta audaz y arriesgada -aunque no compartida por todos los barones de Ferraz- que abre posibilidades tácticas nada despreciables: la primera, una eventual movilización de la izquierda española ante la amenaza de un futuro gobierno con apoyos de la derecha radical. La segunda, tampoco irrelevante, cierto hartazgo ante la excesiva crispación política, detectable en determinadas franjas sociales. La tercera, la división del voto conservador ante la sangría que el partido de Abascal puede causar en el PP y, al contrario, la solidificación de un previsible voto útil a favor del PSOE, alentado por el miedo a la derecha y por la palpable crisis que sufre Podemos. Finalmente, al adelantar las elecciones, Pedro Sánchez evita los factores distorsionadores que, con su fuerte carga emocional, podría provocar la sentencia del procés, al igual que la ya evidente desaceleración de la economía en Europa. Las encuestas que manejan los distintos partidos alertan de una estrecha franja de votos capaz de decantar el resultado de las elecciones, y las preguntas que se plantean son muchas: la principal, ¿con quién sumarán los partidos?
Porque, lógicamente, además de decidir el futuro del gobierno de la nación, el resultado de las generales tendrá un efecto inmediato sobre las autonómicas y municipales del 26 de mayo. Con apenas un mes de diferencia, el triunfo de unos y el pinchazo de otros producirá un efecto movilizador nada desdeñable. En Balears, el fracaso del gobierno Sánchez ha supuesto un difícil trago para Francina Armengol, que construyó buena parte de su discurso desde un acentuado victimismo respecto al PP; pero que pudo comprobar cómo un gobierno central del mismo color que el suyo no se mostraba más sensible a las reivindicaciones baleares. El caso más notorio es la propuesta de un régimen económico y fiscal específico para nuestro archipiélago (REB), pactado por toda la sociedad civil, y que sigue un año más sin hacerse efectivo. Por otra parte, la reducción en las inversiones previstas para las islas en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado ha vuelto a certificar la escasa capacidad de influencia del PSIB sobre sus correligionarios en la Moncloa.
Los partidos en Balears afrontan las próximas elecciones autonómicas y locales con más incógnitas que nunca. ¿Qué efecto tendrá la irrupción de Vox en el panorama nacional? ¿Influirá la crisis territorial en el voto de los ciudadanos? ¿Podrá el PSIB capitalizar su labor en el Govern? ¿De qué modo afectarán a Més polémicas como la de la autopista de Campos? Pero, sobre todo, habrá que estar atentos a los resultados de las generales debido a su efecto movilizador y desmovilizador del voto. Con su decisión de convocar las urnas, Pedro Sánchez vuelve a marcar los tiempos de toda la política española. Se avecina otra legislatura compleja.
