La política se va al Supremo, tal vez porque esa actividad solo fluye en los últimos tiempos hacia los sitios donde se encuentra Vox. La táctica de las defensas no consiste en ganar el juicio, sino en arrebatarle el proceso al Supremo. De ahí que Andreu van den Eynde, abogado de Junqueras y golden boy de la representación que se despereza mientras habla como si hubiera tomado posesión de la sala, incite a Marchena y otros a seguir la senda de los tribunales canadienses. A raíz del conflicto de Quebec, se desentendieron de la legalidad de la secesión devolviendo el asunto a los representantes electos. La iniciativa de una clausura abrupta no podía prosperar ante las ansias de proitagonismo del presidente de la sala y casi del entero Supremo, que ha encontrado un trampolín en el procés procesado. Vanitas vanitatis, que diría un jurista.
El fiscal en cambio no pecó de sutil. Su combativo "Segovia no es de los segovianos" demuestra que el guionista Rafael Azcona sigue vigente después de muerto. "Zaragoza no es de los zaragozanos", redondea el acusador público aragonés para desmentir una posible acusación de xenofobia antisegoviana, o en homenaje al fiscal Javier Zaragoza asentado y asentido a su lado. En su despliegue de ciencia geográfica no aclaró si Segovia, Zaragoza y demás son de Madrid, lo cual les obliga a obedecer en consecuencia.
El berlanguiano "Segovia no es de los segovianos" simboliza el descenso de la excelsa fiscalía del Supremo al nivel subterráneo de los tertulianos, a falta de examinar la conexión de ese enunciado con el Derecho Penal. No importa que a continuación se riegue el discurso con Kelsen, que es el Cruyff del Derecho porque sus boutades son igualmente apropiadas para el ataque y la defensa. La interpretación de los dos fiscales demuestra que el desprecio genérico a la causa política de los independentistas precede a sus argumentaciones en la causa penal, aunque por supuesto no las contamina. Las menciones demasiado repetidas al "procesado rebelde" no solo traducen la rabia ante el fracaso en la persecución de Puigdemont, sino también que el juicio pierde sentido sin el jefe de la banda en el banquillo.
Y se llega así al núcleo germano de la exposición. El fiscal Zaragoza, que no es de los zaragozanos sino turolense, se muestra obsequioso y casi sumiso hacia los tribunales. En concreto, adula al Supremo que debe avalar sus criterios. Todos los jueces europeos le parecen impecables, hasta que llega a la anónima corte de Schleswig-Holstein y la emprende contra sus titulares facinerosos, que pueblan una auténtica cueva de piratas en el enclave norcoreano incrustado en Alemania. Es curioso que no abunde la bibliografía sobre la estructura genéticamente corrupta de este Land alemán, que debería traducirse en un rosario de arbitrariedades judiciales comparables a la canallada cometida al negar la rebelión en la extradición de Puigdemont. A nadie se le ocurriría sugerir que el acusador público solo reconoce a las instancias jurídicas que le dan la razón y abomina de quienes rechazan sus pretensiones, igual que los independentistas. O peor, igual que los tertulianos.
El fiscal no adjuntó ni un átomo de autocrítica, sobre posibles deficiencias en la petición de una extradición fallida que desnaturaliza el juicio. Omite asimismo que Alemania fue el país seleccionado por España para la detención de Puigdemont, precisamente porque la devolución se daba por garantizada. Presume de saber más Derecho alemán que los alemanes, porque la rebelión española equivale a todas luces a la alta traición en Berlín. No explica por qué otros países europeos, también jurídicamente tercermundistas, son reticentes a devolver a los "procesados rebeldes". Son sesgos habituales en los tertulianos, y en quienes construyen edificios jurídicos sobre el elaborado "Segovia no es de los segovianos".
Nadie duda de la formación germanista de los fiscales del Supremo, que deletrean escrupulosamente el pegajoso que no pegadizo Schleswig-Holstein. O que enhebran expresiones en alemán con dicción impecable. En cambio, no saben pronunciar Junqueras y mucho menos Cuixart. En esta incomunicación dentro de un mismo país subyacen las raíces del conflicto político que se desea resolver con medidas esencialmente punitivas. El Derecho Penal no es la última ratio, sino cuando todo el mundo sabe de qué se está hablando.
En medio de la confusión, el independentismo abandona a su suerte a los procesados, y al fiscal se le escapa que el repentino apego de los inculpados por la Constitución "tiene gracia". Son los peligros de trasladar un asunto de tertulia al Supremo. Con nueve presos en la sala y siete de ellos votados democráticamente, la situación dista de ser graciosa, por mucho que la avalancha de acontecimientos inesperados disminuya la audiencia de los espectáculos programados. El desinterés no mengua la gravedad.
