Posee magníficos contactos en Madrid. Su larga trayectoria en el mundo de la Judicatura obliga a escuchar con atención lo que dice y lo que deja entrever. Sus tesis sobre lo que se solventa en el Tribunal Supremo son llamativas. Parece que se sustentan en un sobrado conocimiento de causa. Lo que sigue es una apretada síntesis: la Sala de lo Penal del Supremo, que se las ve con el juicio a los líderes independentistas catalanes, no pierde de vista a Europa. Manuel Marchena, su presidente, se sabe cuestionado intensamente por el desliz (?) del portavoz del PP en el Senado Ignacio Cosidó, que en Europa habría sido fulminado. Aquí Casado lo mantiene en el cargo. Marchena es ambicioso, aspira a un alto cargo bien en España o, todavía mejor, en las instancias judiciales de la Unión Europea. Quiso evitarse el juicio accediendo a la presidencia del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), pero el maldito WhatsApp de Cosidió se lo impidió. Ahora su ocupación es impedir que la sentencia pueda ser corregida por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo. Ese será su afán cuando elabore la sentencia, de la que será ponente.
Marchena, además, no está en condiciones de permitirse que haya votos particulares. Hay dos magistrados, Luciano Varela y Ana Ferrer, cuyos hipotéticos votos en contra de condenar por los delitos de rebelión y sedición incrementarían sensiblemente que Estrasburgo liquidase la sentencia de los otros cinco magistrados. Marchena lo sabe. Añadamos que las críticas que se están vertiendo en los medios de comunicación internacionales, europeos y norteamericanos, entre los que se hallan los más prestigiosos, que llegan a comparar al sistema judicial español con el polaco, húngaro e incluso turco, están desasosegando al Supremo mucho más de lo que se transluce. La tensión se incrementa por la aparición de la extrema derecha de Vox como acusación particular. Es lo que faltaba para que en Europa se contemple con estupefacción el juicio, donde que los políticos independentistas sigan en prisión preventiva no se entiende. La sombra de la herencia franquista se ha hecho presente y es muy ominosa, aunque sea una percepción equivocada, según afirma quien hilvana el relato.
¿Cuál será el desenlace? Después de consumir su segundo cortado, el interpelado dice que lo que le llega es que no se redactará una sentencia en la que se considere probado el delito de rebelión. Tampoco la sedición. El instructor Pablo Llarena, después de haber sido tutelado en todas sus decisiones, incluida la de la prisión provisional, quedará a los pies de los caballos.
Malversación y desobediencia. Condenas reducidas y los líderes independentistas en la calle. Puede que con inhabilitaciones para desempeño de cargo público. Todo para soslayar el correctivo del Tribunal de Estrasburgo y salvar el maltrecho prestigio del Tribunal Supremo. Y el de Manuel Marchena.
Esa es, quede claro, la tesis premonitoria de la persona del mundo judicial que ha accedido a exponerla, por supuesto bajo la estricta condición del anonimato. La derivada si se cumplen sus previsiones: la derecha política y mediática quedará sumida en una gran frustración. El hecho de que el ciclo electoral se haya completado antes de que la sentencia se haga pública le quita algo de dramatismo. Después llegará la hora de intentar apaciguar por unos años el inacabable contencioso catalán, que ha destrozado tanto las costuras políticas y sociales de Cataluña como las de España, a la que ha sumido, se quiera reconocer o no, en una crisis de régimen a la que se augura difícil remedio. Si de las próximas elecciones generales sale un Congreso sin mayorías viables, malo; si las tres derechas suman la mayoría absoluta, quien forme gobierno ( Casado o Rivera) chocará contra un muro. Fuera de la política del pacto no hay apaciguamiento posible.
