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Antonio Papell

La pinza

La aparatosa vista pública por el procés ha dado al traste con el dialogo del gobierno con Cataluña y ha frustrado los Presupuestos. No era fácil que el soberanismo, que vive de emociones y aplica a la racionalidad el criterio de subsidiaridad, mantuviera la búsqueda de una solución negociada mientras el Supremo actuaba contra quienes violentaron la legalidad para intentar la secesión por vías inaceptables. Torra, un sectario buscado cuidadosamente por Puigdemont por su radicalidad, nunca estuvo en realidad dispuesto a someterse al único marco jurídico existente, el delimitado por la Constitución y las leyes, y ni siquiera la perspectiva de que el naufragio de los presupuestos precipite unas elecciones generales en las que podría regresar la derecha, ha hecho avanzar al soberanismo por el terreno del pragmatismo. La ominosa pinza entre ambos extremos -la derecha dura y el independentismo radical- ha aplastado el centro.

La historia es bien sencilla: este gobierno, que siempre ha postulado que la solución del conflicto catalán ha de pasar por la negociación y el pacto (la otra opción, fácil de imaginar, es inadmisible), ha intentado tender puentes encaminados a obtener un desenlace pactado. La fórmula, que no ha sido explicitada últimamente, se sobreentendía: hay que proceder a sendas reformas del Estatuto y de la Constitución, aquella elaborada por el parlamento catalán, esta por los procedimientos constitucionales correspondientes; el nuevo estatut recogería lo sustancial de lo eliminado por el TC del estatut de 2006; y tendrían lugar dos referéndums, el de ratificación de la reforma constitucional en todo el Estado y el del estatut de Cataluña, en Cataluña.

Pues bien: el 20 de diciembre, Torra y Sánchez se reunieron el Pedralbes y el encuentro concluyó con una lacónica declaración en la que se apostaba por "un diálogo efectivo que vehicule una propuesta política que cuente con un amplio apoyo en la sociedad catalana". Aquel mismo día, Torra entregó a Sánchez una relación de 21 exigencias, que no fueron publicadas entonces pero sí divulgadas tiempo después. Los puntos 2,3 y 4 bloqueaban el diálogo porque eran claramente inaceptables por la otra parte: "2.-Es preciso reconocer y hacer efectivo el derecho de autodeterminación del pueblo de Cataluña. 3.-Es necesaria una mediación internacional que ha de facilitar una negociación en igualdad. 4.-La soberanía de las instituciones catalanas ha de ser respetada y no amenazada con la aplicación del artículo 155".

En plena negociación, y ante la decisión inamistosa de los dos grandes partidos soberanistas de presentar enmiendas a la totalidad de los presupuestos 2019, el Gobierno de la nación, irritado por esta nueva prueba de deslealtad, planteó el pasado viernes un documento que contenía su última palabra: se proponía un doble foro de diálogo; por un lado, un espacio institucional entre el Gobierno central y el Gobierno catalán a través de la Comisión bilateral Estado-Generalitat y, por otro lado, una mesa de partidos; dicha mesa estaría formada por dos representantes, con capacidad de decisión en los dos ámbitos territoriales (estatal y catalán), de cada uno de los grupos políticos con representación en Cataluña y, en su caso, de las formaciones vinculadas a los mismos. Al frente de esta mesa de partidos se propondría de común acuerdo una persona que sería quien facilitase la coordinación de los trabajos, de las convocatorias y fijase el orden del día (el famoso relator, que no se menciona por su nombre). La propuesta fue rechazada por los soberanistas porque no se menciona en ella el referéndum de autodeterminación, algo que ningún gobierno español, ni de ninguna gran democracia, puede aceptar. Naturalmente, los independentistas se han apresurado a negar que la ruptura haya sido provocada por ellos, dando a entender que el puñetazo sobre la mesa del Ejecutivo nacional es en realidad una claudicación ante las presiones de la derecha. Inefable falsedad porque la realidad es que, por una jugarreta del destino, el soberanismo y la derecha van juntos en esto.

Sin presupuestos, las elecciones están más cerca. Y la solución del conflicto, mucho más lejos. Cataluña está en manos de extremistas que ya no temen prolongar la crisis, debilitar la economía catalana, incrementar la inestabilidad y el malestar. Y el Estado se abisma hacia nuevas incógnitas. Cada cual deberá cargar en todo esto con su propia responsabilidad.

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