Las increíbles aportaciones de los inventores españoles, desde el submarino al autogiro, deberían completarse ahora con el 'crispómetro'; a saber, un ingenio para medir la excitación de la situación política y social. Conoceríamos con precisión los graves riesgos que corre nuestra convivencia con atmósfera recargada por la acción temporal de algunos colectivos, como los taxistas, o de forma casi permanente, por muchos políticos. Sobra crispación, pero también provocaciones innecesarias, torpezas y malentendidos absurdos. Falta sentido de Estado.
Lo vimos con el intento de paralizar Madrid y Barcelona por el taxi, siempre ante acontecimientos muy relevantes -Fitur o el Mobile- poniendo en riesgo el prestigio de las ciudades y sus motores económicos. Madrid se acostumbraba ya a vivir sin taxis, con tráfico fluido y menos contaminación; Fitur batió récords de asistencia; miles de personas descubrieron la excelencia del transporte público y se celebró la firmeza negociadora del presidente de la Comunidad, Ángel Garrido, quizás ayudado por la decisión de Pablo Casado de reemplazarlo como candidato en mayo. Un respeto para Garrido y también para Manuela Carmena que ante la exigencia de Izquierda Unida de abandonar el Plan Chamartín -la remodelación de una parte del norte de la ciudad con nuevas oficinas y viviendas-, ha dicho que, si vienen con esas pretensiones, mejor no reunirse. "Los partidos que no entiendan que deben existir empresas, no deben gobernar Madrid", afirmó la alcaldesa.
Mientras España parece incendiarse estos días, representantes del Gobierno y de la administración local coincidían en que, para afrontar el grave reto demográfico que tenemos con despoblación alarmante de pueblos, e incluso de la mitad de las ciudades, es imprescindible una alianza de país. La comisionada Isaura Leal y el presidente de la diputación de Ourense, Manuel Baltar, de partidos distintos, mostraron en público esa disposición a unir esfuerzos. Con ellos, en debates impulsados por el Foro Next Educación, el ministro de Agricultura y los presidentes de diputación de Jaén, Huesca, Teruel y Cuenca, dan el grito de alarma sobre el riesgo de desertización de media España. No están solos: representan a cuatro millones de ciudadanos que aún resisten en un territorio que va a menos. Y nace una Red de Periodistas Rurales que se apresta a darles voz y proponer iniciativas. Hay una España rural en marcha. Atención.
Pero la política nacional está a otra cosa. Sus lideres abominan de cualquier tipo de alianza y se abonan a la crispación permanente sin medir el hartazgo de la sociedad civil que quiere acuerdos, soluciones y menos gesticulación. Ni una palabra sobre los necesarios pactos por la educación, justicia, sanidad, ciencia o la reindustrialización. Los independentistas catalanes llevan años sin hablar de problemas reales y el nacionalismo español, que ha sido activado por reacción, tampoco. Ahora va de manifestaciones en la calle. El debate político se asemeja a un campeonato de adjetivos "descalificativos". La escalada de Pablo Casado contra Pedro Sánchez no tiene precedente. Cuando sale Felipe González a decir que no hacen faltan "relatores" sino debate en los parlamentos -el de Cataluña casi paralizado, denuncia- se añoran tiempos en los que había alta tensión política pero más serenidad.
La cuestión de fondo es saber si esa crispación sirve para construir liderazgos que den confianza como alternativa. Parece que no, sin propuestas, ni iniciativas a debate. Por eso, cuando en la España real, a partir de problemas de la ciudadanía, se aprecia disposición a forjar alianzas de país para afrontar graves retos, como el abandono del mundo rural, la política recupera su sentido y renace la esperanza. La clave es que a esos políticos con soluciones se les abra el espacio mediático ahora copado por una competición de bravatas. Situación inquietante. Es más fácil destruir la convivencia que asentarla.
