Con perplejidad, hemos asistido a las explicaciones del obispo de Tarragona, que trata de justificar el trato benévolo que han recibido dos sacerdotes que cometieron abusos contra menores de edad (han sido apartados de sus funciones pero no secularizados): "Puede haber un mal momento en la vida", ha dicho el jerarca. Por ello, "pasado el tiempo consideré que podrían volver a ejercer y los volví a nombrar rectores de parroquias con toda conciencia".
Es evidente que el argumento de la excepcionalidad del delito podría ser aplicado a muchas situaciones; cualquier delincuente podría asegurar que su delito fue cometido "en un mal momento", cuando las defensas morales estaban singularmente bajas. Pero a los efectos de la ética pública, estas reflexiones son poco trascendentes: la corrupción de menores es un delito especialmente repugnante que, al margen del tratamiento penal que reciba, debe inhabilitar para determinadas ocupaciones. Y es inconcebible que un pastor religioso, de la confesión que sea, sorprendido en una actuación tan detestable, vuelva a desempeñar una tarea de magisterio moral pasado un tiempo.
La piedad y el perdón son concebibles en el sistema de relaciones privadas de las personas. Compadecer al delincuente (y detestar el delito, como decía Concepción Arenal) es una prueba de magnanimidad moral, que no rehabilita sin embargo a quien se ha valido de su superioridad para desahogar sus bajas pasiones con un menor de edad, al que se le causa un daño moral irreparable.
