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Antonio Papell

Cuanto peor, mejor

La aportación adicional Principado supondría un 2% del PIB catalán. El "no" a los presupuestos no tiene bases objetivas y se debe exclusivamente al sectarismo del independentismo

El pasado lunes, Esquerra Republicana de Cataluña, cuando los presos soberanistas se encontraban ya en Madrid en espera del arranque de la vista oral por el 'procés' que se ha anunciado para el día 12, anunciaba con solemnidad la presentación de una enmienda a la totalidad de los presupuestos generales del Estado. El portavoz republicano Joan Tardà aprovechaba la ocasión para recordar las exigencias de su grupo: que se construya un escenario de diálogo para que en Catalunya se puede "ejercer el derecho a la autodeterminación", y que "finalice la represión". Acto seguido, recordaba las condiciones concretas exigidas para prestar su apoyo a las cuentas públicas: "estábamos dispuestos a negociar si ellos hacían gestos de categoría, que tuvieran trascendencia en el ámbito de la judicatura". Y remachaba su petición con la tajante y mendaz afirmación de que "no es cierto" que el Gobierno no pueda instar a la Fiscalía a actuar y modificar sus acusaciones contra los encausados por el 1-O. Poco después, el PDeCAT anunciaba que adoptaría una postura semejante a la de ERC, de forma que si el día 13, al día siguiente del comienzo de la vista en el Supremo, estas formaciones mantienen su postura adversa a los PGE y no retiran sus enmiendas, puede asegurarse que las cuentas públicas no saldrán adelante.

Los presupuestos presentados por el Ejecutivo de Pedro Sánchez incluyen unos 2.200 millones en transferencias del sistema a Cataluña y más de 2.000 millones en inversiones públicas, que se desprenderían directamente del Presupuesto. Es decir, la aportación adicional al Principado supondría un 2% del PIB catalán, suficiente para remendar los deteriorados servicios públicos, para mejorar una demediada acción social y para impulsar las inversiones en obra pública. No se cumple el trágala inversor que contiene el mutilado Estatuto de Autonomía pero se ve la buena voluntad de un gobierno que considera que ciertas comunidades autónomas, como Cataluña, Valencia y Baleares, se han visto perjudicadas por un modelo de financiación -por una LOFCA- caducado y que no ha habido modo de actualizar por falta de consenso.

En otras palabras, el "no" a los presupuestos no tiene bases objetivas (será muy difícil explicar en Cataluña las apreturas económicas también este año cuando se pudieron conseguir bastantes más recursos) y se debe exclusivamente al sectarismo de que ha hecho gala sistemáticamente el independentismo: para los radicales de la secesión, cuanto peor mejor, aunque los ciudadanos sean los verdaderos damnificados por la intransigencia de quienes piden lo imposible? y saben que por ese camino, cruento para sociedad catalana, no se avanza ni un milímetro hacia la independencia inalcanzable. El sacrificio es estéril pero el prurito queda a salvo. Nadie les podrá llamar traidores, ni botiflers, ni nada parecido. La épica deberá ser de nuevo el maná con que se mitigará el hambre de los menos favorecidos en Cataluña.

La reclamación de Tardá de que el Gobierno presione a la Fiscalía para hacerle cambiar de opinión es sonrojante. Demuestra el modelo de Estado que implantarían los soberanistas si pudieran, y que ya se traslucía en aquella aberrante ley de desconexión que fue cancelada por el Constitucional. Y en el fondo, esta negativa fortalece a los socialistas, que acallan así las acusaciones maliciosas de ceder en exceso ante los independentistas. De nuevo se constata que este gobierno (como los anteriores) ceden hasta donde permite la ley, ni un milímetro más. Y el Ejecutivo no intentará manipular a la Justicia, como no reconocerá el inexistente derecho a la autodeterminación.

El error de ERC y del PDeCAT es abultado porque, como han detectado varios de los encarcelados por el 1-O, todo podría empeorar para ellos y para sus conmilitones en libertad si gobernara la derecha, que niega en la práctica que el conflicto tenga una solución negociada (y más ahora, con la presencia de VOX en ese hemisferio). Recuerda Vidal-Folch la patética invocación que hace pocos días realizaba la encarcelada exconsejera de Trabajo Dolors Bassa (ERC): "No podemos dejar caer al Gobierno de Pedro Sánchez". Ignoraba esta mujer que la caída de la izquierda forma parte de este "cuanto peor mejor" que pronuncia frecuentemente con ojos extraviados Carles Puigdemont.

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