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Al rescate de los caminos públicos

Se vienen echando en falta iniciativas que permitan recuperar antiguos goces: playas limpias, aceras libres de patinetes, el café en cualquier terraza sin estruendo de músicos y motoristas o los caminos para ser andados como antaño, cuando aún no primaba sobre ellos el interés excluyente de propietarios y/o especuladores.

Todavía recuerdo, como si fuera ayer, los avatares sufridos por el camino de Can Mallol, en Establiments, tras su cierre por parte del propietario de la sociedad La Mancha Property Invest S.L., un suizo que, en lugar de acatar la primera orden para su libre acceso, habilitó una ruta alternativa confiando seguramente en que la frecuente permisividad en dicho ámbito obraría en su favor. La nueva sentencia, el pasado abril, dejó finalmente expedito el paso, aunque ello no sea la regla y, en los casos más favorables, la restitución al dominio público haya precisado de años. A modo de ejemplos, aún en la mente de muchos, ahí tienen el contencioso a propósito del camí Vell del faro de Formentor, del camí de s'Escolta en Valldemosa o, entre otros, el de Ternelles que, al igual que el de Can Mallol, permaneció cerrado con posterioridad al fallo favorable a su reapertura.

Que en palabras de Cervantes lo importante sea el camino y no la posada, ha sido opinión de escaso predicamento entre quienes lograron hacerse en su día con el santo y la limosna por lo que hace al derecho ajeno, así que bienvenida la ley que aprobó el Parlament el 11 de diciembre y que permitirá, de no torcerse la cosa, expropiar veredas y rutas senderistas que hayan sido privatizadas y cerradas sin consideración a su tradicional uso ni respaldo legal alguno. Se trataría al parecer, y en una lectura que sobrepase el caso particular, de poner coto a la apropiación indebida, sin trabas ni consideraciones otras que las surgidas de los negocios convertidos en único criterio -el económico sustituyendo al moral, como bien apuntara Tony Judt-, y es que, con parecidos mimbres y de estar en su mano, algunos privatizarían sin empacho alguno sanidad o información. Respecto a esta segunda, la requisa de los móviles a dos periodistas por orden del juez Florit ilustró perfectamente al respecto.

En el asunto de hoy, la defensa de muros y rejas para impedir el paso se justifica, por parte de los propietarios colindantes, apelando a cuanto sea dado imaginar para disfrazar la razón última: que si el habitual vandalismo de los excursionistas hace necesario el candado o, erigiéndose en denodados defensores del medioambiente, su preservación es la que subyace en una apropiación que roza el altruismo. Pero hay más en su arsenal y así, la Asociación de Propietarios de Fincas Rústicas manifestaba en diciembre de 2017 su desacuerdo con las reaperturas -en sintonía con Asaja, la Asociación Agraria-, dado que el libre tránsito en suelo rústico haría inviable su uso agrícola, ganadero o forestal, "lo que podría significar el fin de la Serra de Tramuntana, patrimonio de la humanidad". Como puede apreciarse, conservación y ecologismo como hipócritas banderas para justificar el dar la espalda a una voluntad popular opuesta a las vallas para mejorar sus bolsillos, cual era el caso del camino de Can Mallol. Y, de plantearse dudas, ¿aceptarían tal vez el resultado de una encuesta?

Por supuesto que no existirá, como ocurre con cualquier planteamiento, unanimidad en la valoración de una decisión sea cual sea ésta; sin embargo, los disfraces con que pretenden justificar los cierres de caminos de forma unilateral, dicen más de sus autores y epígonos que las evidencias que esconden y es que, como en su día afirmase Malraux, las máscaras, en lugar de ocultar, subrayan; en este caso, el propósito de mejorar su estatus es tan palmario que a pocos escapará la intención última que subyace en la oposición a restituir el libre tránsito.

La Historia, si no es la nuestra, no debe existir. Es lo que defendía el dictador Karadzic y que en toda época ha encontrado eco para silenciar las indeseables divergencias. Por lo que respecta a los caminos, no son sólo algunos terratenientes quienes se alinean con lo anterior y, ya en septiembre, el intelectualmente admirable presidente del PP balear, Gabriel Company, apuntaba rotundo que tras la citada ley de Caminos estaba Maduro y Venezuela (y eso que no apareció Pablo Iglesias de por medio para estimular la asociación): "Un disparate -diagnosticó- que fomenta la masificación y atenta contra la propiedad privada". Aunque ésta se haya apropiado de lo que no le pertenece, olvidó apostillar. Tras la normativa actual, se ha apresurado a manifestar que su partido la derogará lo cual, y tras conocer sus razones (si pudieran llamarse así), permite suponer que incluso los desinformados dispondrán de elementos de juicio para decantarse a favor de la misma y es que, más de una vez, basta con saber quién propugna algo para, y suele ser el caso del eximio presidente, apostar por lo contrario sin riesgo de equivocarse.

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