En política, la "narrativa" debe ir acompañada de hechos. A lo largo de los tres primeros años de esta legislatura, el Govern de Francina Armengol construyó un relato que contaba con dos vectores principales. El primero era la recuperación: económica, laboral y de derechos. Para ello contaba con los vientos favorables de Europa -el turismo ha ido marcando cotas históricas año tras año-, los tipos de interés negativos y la gradual finalización de los ajustes presupuestarios realizados anteriormente. El segundo elemento del discurso era, paradójicamente, su opuesto: la victimización ante el gobierno central. No sólo se trataba de reivindicar una justa financiación autonómica en línea con el resto de comunidades, sino de explotar el sesgo progresista del Govern en las islas, frente al rostro conservador y centralista que se reprochaba al ejecutivo popular. El relato funcionó hasta que, en la recta final, la inesperada caída de Rajoy y la llegada a la Moncloa de Pedro Sánchez supuso un áspero choque con la realidad.

El primer golpe duro fue el fracaso en la negociación del REB, un importante acuerdo fiscal y presupuestario para Balears que surgía de un gran pacto de la sociedad civil y aspiraba a desempeñar un papel clave en la recuperación de la competitividad perdida. La negativa socialista fue especialmente dolorosa para el PSIB, porque contrastaba con la disposición favorable que había mostrado el anterior ministro de Hacienda, el popular Cristóbal Montoro. Si el Régimen Especial constituía la principal apuesta política del Pacto, su actual parálisis representa un auténtico disparo en la línea de flotación de un Govern incapaz de convencer a sus correligionarios en Madrid, así como de explicar de forma convincente a la ciudadanía los motivos de este aparatoso revés.

Esta semana, las cifras de inversión presentadas en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado han supuesto un nuevo jarro de agua fría para Balears. La propia consellera d'Hisenda, Catalina Cladera, se ha visto obligada a reconocer su malestar, calificando los presupuestos de "claramente insuficientes". Lo son por muchos motivos; el principal, que acentúa uno de los más graves desequilibrios inherentes a la estructura autonómica: el de la financiación territorial. No en vano, los nuevos presupuestos sitúan la inversión por habitante en apenas 134 euros, frente a los 261 euros de la media nacional -prácticamente el doble que la del archipiélago-. Son números que exigen una rápida respuesta pública por parte de Armengol, la cual no puede seguir excusándose en un victimismo fácil ni en el juego maniqueo de buenos y malos. La realidad es que Balears pesa poco y que el Govern no sabe, ni ha sabido, hacer valer sus razones.

En el fondo, se trata de un problema que va mucho más allá del color particular de los partidos en el poder. El camino iniciado con el pacto de la sociedad civil en favor de un Régimen Especial Balear traza una vía de futuro. Conseguir grandes consensos internos resulta fundamental a la hora de negociar con garantías en Madrid. Por otra parte, la infrafinanciación no afecta sólo a Balears -Canarias y La Rioja presentan cifras aún peores-, lo cual debería facilitar llegar a alianzas con otras comunidades a la hora de negociar un modelo más equilibrado. Pero para ello es preciso huir de la demagogia partidista y de los relatos interesados, pues únicamente la altura de miras, la reivindicación común y razonable, y la perseverancia permitirán encauzar los efectos perniciosos de un modelo que dista de ser ideal.