El término "provincia" procede de la administración romana y del latín, pro-vincere, vocablo usado en derecho público, cuyo significado sería "territorio a vencer" o "territorio vencido". Los romanos denominaban "provincia" a regiones o países conquistados, al frente de cuya administración situaban a un magistrado. El reino de Mallorca con la anexión al de Aragón y luego a España pasó a ser "territorio vencido", gobernado por poderes situados fuera de las islas. En el año 1833, al consolidarse en España el Estado centralizado, se creó una nueva partición territorial, que se llamó "régimen provincial", que dividió la península y las islas adyacentes -Balears ya eran consideradas islas adyacentes- en provincias, en cuarenta y nueve provincias y, ahí estamos.
Con la aprobación por parte del Consejo de Ministros de los presupuestos generales del Estado para el año 2019, una vez más se ha reafirmado, mejor, se ha confirmado el tratamiento que se da a Balears como provincia (territorio vencido). Si el gobierno anterior, el de Rajoy, destinaba a inversiones a la provincia balear 171 millones de euros, cantidad de por si exigua, ahora el gobierno de Sánchez propone consignar una inversión de 152 millones para el año 2019, es decir una reversión estatal de nuestros recursos realmente baja. Sobre la cifra destinada en el presupuesto anterior, ya penosa, ahora será un 11,7% menos, mientras que la dotación a la comunidad de Catalunya crecerá el 66,6%, en Valencia se incrementara el 60,2% y en Andalucía el 43%.
Según ha explicado la consejera de Hacienda Cladera -al expresar su disconformidad con el trato recibido-, Balears contribuye en un 2,6 % al producto interior bruto español y recibe el 1,2% de la inversión estatal territorializada. El gobierno español destinara, según estos presupuestos, 261 euros a cada habitante, mientras que a los de baleares les dedicara 135 euros. Estos datos explican por si mismos la desconsideración que tiene Madrid hacia unas islas adyacentes llamadas Balears.
Mientras tanto ahí siguen unas depuradoras obsoletas, con continuos vertidos fecales al mar, el tren continúa sin llegar a Artà, a pesar de ser una necesidad planteada desde hace años, el dichoso metro no llegara ni a Son Espases ni al aeropuerto, el convenio de carreteras no se cumple y el tan cacareado Régimen Especial para Balears sigue siendo un arcano cuyo contenido se desconoce, cuya fecha de llegada se ignora y así un largo etcétera de agravios comparativos.
El problema está en que Balears no cuenta ante el Gobierno central. Si se repasa la reciente historia contemporánea se constata que bajo el régimen anterior nada llegaba a las islas, cuando gobernó UCD en España y también en Balears no se lograba nada, con un gobierno del PSOE en Madrid y en Balears uno del PP, lo mismo, o sea nada y así sucesivamente. Canarias con uno o dos diputados, en ocasiones necesarios para la aprobación de determinados intereses del Gobierno, consigue recursos e inversiones adicionales que a Balears se le niegan. No es necesario explicitar el caso de Catalunya o del País Vasco que con sus posicionamientos retadores logran unos privilegios negados al resto. Con las aportaciones al erario público que hacen los habitantes de Balears comunidades como Extremadura, Castilla La Mancha, Galicia? viven permanentemente subvencionadas. Los votos de estas islas están en manos -cautivas-, de partidos nacionales que dan instrucciones a su propia conveniencia y que nunca coinciden con los intereses de aquí. Esto es lo que hay.
