Hoy viajan a Madrid, a entrevistarse con la vicepresidenta Carmen Calvo, el vicepresidente del Gobierno de la Generalitat, Pere Aragonès (ERC), y la consejera de la Presidencia y portavoz, Elsa Artadi (PDeCAT). Según explico esta última el martes, al término de la reunión del Consejo Ejecutivo de la Generalitat, los representantes del Govern catalán pedirán crear una mesa de negociación política con mediación independiente. Se trataría, en fin, de una reunión previa para preparar la cumbre que se tendría que celebrar este mismo enero, como a continuación del cónclave del 20-D en Pedralbes. Esta vez, sin embargo, la reunión formal se celebraría sin los presidentes Quim Torra y Pedro Sánchez.
Todo esto sucede poco después de que el pasado lunes Puigdemont se reuniera en Waterloo con la Ejecutiva del PDeCAT y decidiera condicionar su apoyo a los Presupuestos Generales del Estado al cumplimiento por el Gobierno de dos condiciones de imposible aceptación por la otra parte: crear una mesa de diálogo con observadores independientes para abordar la autodeterminación y poner en marcha una comisión que vigile los compromisos del Estado con Cataluña, ya que a su juicio los anuncios de financiación del gobierno central no tienen credibilidad en Cataluña después de los numerosos incumplimientos del pasado. Parecería que ambas son propuestas para asegurar el desacuerdo.
Es cierto que desde la llegada de Torra a la presidencia de la Generalitat toda la fuerza del independentismo se le ha ido por la boca, ya que no se han producido ilegalidades dignas de mención. Pero el relato, en política, es también importante, y el delirio verborreico del soberanismo debe ser contenido en algún momento. De forma que ya es hora de decir con claridad que el Gobierno de la nación no discutirá la autodeterminación de Cataluña, asunto que está fuera de la agenda por inconstitucional, y mucho menos admitirá mediadores u observadores internacionales ni en este asunto ni en ningún otro. Tampoco aceptará la existencia de una instancia independiente que controle sus incumplimientos. Por último, conviene decir que la simetría que Artadi y Puigdemont presuponen afectadamente al hablar de 'cumbres bilaterales' es una pura ficción: los interlocutores en este diálogo son de distinto nivel, de forma que el gobierno de la Nación es jerárquicamente superior al gobierno de la Generalitat. Verlo de otra manera es recurrir a la fabulación, algo siempre peligroso en política.
El intento de Sánchez de devolver el independentismo al cauce constitucional, es plausible y bienintencionado, pero tiene límites, y empieza a resultar destructiva la evidencia de que el término 'negociación' posee significados distintos para las partes. El soberanismo pretende negociar la autodeterminación, a pesar de que se le ha dicho en todos los tonos imaginables que ello no va a pasar y que es una pérdida de tiempo persistir en el intento. En cambio, el Gobierno del Partido Socialista está buscando una negociación sobre la reforma del marco territorial, con o sin reforma constitucional, que pueda resultar satisfactoria para una mayoría cualificada de catalanes (para los independentistas, siempre será satisfactoria sólo a medias, obviamente) y que al mismo tiempo goce de generalizado consenso en el Estado. Tarea hercúlea pero no imposible.
Hoy por hoy, la única esperanza que puede alentar el Gobierno de avanzar en su línea es la ruptura interna del soberanismo, que no sería difícil -sus contradicciones son evidentes- si no se tratara de un asunto de extrema sensibilidad henchido de valores patrióticos inflamados y por lo tanto cargado de épica. Quien claudicase en el planteamiento del programa máximo (ERC está al borde de realizar un ejercicio de realismo pero no dará el paso) sería inmediatamente acusado de traidor y arrojado a las tinieblas exteriores. Y es evidente que Puigdemont, en su 'exilio', no desea en absoluto una solución negociada, que lo engulliría. De ahí que el PSOE y el Gobierno Sánchez deban empezar a pensar si no es llegada la hora de hablar claro a los soberanistas y de poner límites a la negociación, que quizá deba dar paso pronto a una convocatoria de elecciones ante las que cada actor político deberá retratarse con sus propuestas particulares. No se puede estar perpetuamente pugnando por lo imposible ante un perturbado.
