Han manejado los puertos de las islas como su cortijo particular, de espaldas a la sociedad. Han convertido a la Autoridad Portuaria de Balears en una de las empresas más opacas y, por ende, sospechosas del país. Han amañado concursos de amarres en Eivissa, Formentera y Menorca. Han aceptado regalos y, tal vez, favores inconfesables para ellos o los amigos. Han admitido, algunos, suculpa. Y ahora les toca pagar: 8.490 euros de multa "a repartir" entre los tres únicos condenados por el caso Mar Blau, Ángel de Matías, Gerardo Díaz Ferrán y Pedro Carmelo Hernández. De risa. Esto no es justicia, es una real inocentada para los contribuyentes que un poco más y acabamos indemnizando a esos chorizos por las molestias de un sumario con hechos probados. Ignoro cuánto nos ha costado este proceso, con doce encausados para los que la fiscalía solicitaba 52 años de prisión y que se ha demorado una década, y más aún el precio real de las negociaciones bajo manga sobre nuestro litoral de los próceres que se han sentado en el banquillo. Pero poco importa ahora. Aunque el juez instructor, Antoni Rotger, fijó una fianza de 50 millones de euros para indemnizaciones por las pérdidas para las arcas públicas, el Estado no les ha reclamado un duro. Le sobra el dinero para amparar delincuentes de cuello blanco. Y en cuanto a la credibilidad de la lucha contra la corrupción, para demostrar su "diligencia" ya tiene a José Juan Cardona, que continúa expiando en Can Fita su falta de picardía para arreglar un 'amaño' con el fiscal como el del caso Puertos, el último tongo a la Justicia.
