Muchos ciudadanos de todo pelaje y condición considerábamos una anomalía histórica que la comunidad autónoma andaluza no hubiera experimentado la alternancia política desde la fundación de la preautonomía en enero de 1978 y de la puesta en vigor del Estatuto de Autonomía en 1981. El PSOE, cuyos líderes estatales más fuertes eran andaluces, se convirtió de entrada en partido hegemónico, y ha conservado esta posición preponderante hasta ahora mismo, cuando va a ser elevado por una coalición de derechas. La dilatada reconcentración de un grupo de poder durante casi cuatro décadas no ha sido favorable para Andalucía porque, aunque la región ha experimentado una espectacular modernización -los hitos de 1992 fueron clave en semejante desarrollo-, ha sido inevitable el adocenamiento de la opción monocorde, que ha generado un excesivo clientelismo y, en última instancia, episodios aparentemente graves de corrupción. En la práctica, Andalucía ha dado un salto de gigante en estos 40 años de gobiernos socialistas, pero en el ránking de comunidades autónomas continúa a la cola en PIB per capita, pese a haber sido la más agraciada con subsidios y ayudas de toda guisa, tanto estatales como comunitarios.
En las elecciones del 2 de diciembre, el PSOE ganó las elecciones pero el tremendo desgaste de ese partido -el destructivo juicio de los EREs y la actitud autista de la presidenta socialista, sectaria en su partido y responsable de que Rajoy prosiguiera agónicamente en el poder en 2016- no sólo generó una gran abstención de la izquierda sino que impulsó a Vox, la formación antisistema que ha recogido el voto/grito de los más irritados. En definitiva, los andaluces, un pueblo sobrio e inteligente muy acostumbrado a lidiar con las paradojas de la historia, asisten hoy perplejos al espectáculo de que el PSOE será remplazado no por una derecha limpia y liberal sino por una oscura coalición, posible gracias a que los neofascistas condescienden con displicencia a que tenga lugar este cambio, abdicando de momento de sus propuestas más radicales, la eliminación de las políticas de género y de igualdad, aunque arañando concesiones reaccionarias en materias tan sensibles como la inmigración, la memoria histórica, la educación y el aborto.
Ya se sabe que Vox tiene un techo discreto, y que si no nos volvemos todos locos será imposible que sus predicados fundamentales se impongan pero esta no es la cuestión: la simple negociación con Vox sobre asuntos que ya forman parte del arraigado consenso constitucional de este país es denigrante y contamina a quienes la llevan a cabo. En este caso, el Partido Popular se ha enfangado al implorar los votos de la extrema derecha. Y Ciudadanos no ha salido ni mucho menos incólume de la aventura: el partido de Albert Rivera cogobernará Andalucía porque aceptará los votos franquistas de los epígonos del dictador, que quieren regresar al estado unitario y que defienden el modelo patriarcal de familia a la vieja usanza, en que la mujer es un ser subsidiario e inferior al servicio del varón.
Lo de menos es que Macron y otros líderes europeos hayan puesto en cuarentena a Ciudadanos por esta colaboración indecente o que el PP esté a punto de convertirse en una fuerza residual, corroído por la avidez de Ciudadanos y de Vox al mismo tiempo. Lo grave es que los andaluces sean cobayas de un experimento que nunca debió haber tenido lugar. La derecha democrática de este país, en sus versiones conservadora y centrista, deberían saber que cualquier cesión a la extrema derecha la fortalece y la consolida, y que la forma de combatirla ni es integrándola sino formando a su alrededor un cordón sanitario y poniendo en evidencia sus excentricidades más hirientes.
Y que nadie establezca simetrías entre Podemos y Vox, partidos ambos surgidos para llenar los vacíos dejados por las fuerzas convencionales: Podemos, muy crítico con el régimen del 78, ha expresado siempre exquisito respeto al ordenamiento constitucional y descansa sobre valores morales irreprochables aunque sus estrategias y objetivos puedan ser o no compartidos. Vox, en cambio, nos vincula políticamente a la detestable dictadura que colaboró con genocidas, bordeó aquí dentro los delitos de lesa humanidad y nos ahogó cuarenta años.
