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Antonio Papell

La siguiente reunión con Torra

Pedro Sánchez, al resultar investido a raíz de la moción de censura, ha debido asumir como es lógico las responsabilidades institucionales y políticas que la Constitución le marca. Entre otras, la gestión del conflicto catalán. No es lo mismo proponer a gritos desde la oposición salidas paradójicas como cauce para resolver el problema que abordar el día a día de una situación muy tensa, que puede desbordarse con facilidad en términos irreparables y que por añadidura se adentra ahora en un proceso judicial largo, que exacerbará las posiciones de unos y de otros y que introducirá una dificultad añadida al manejo de la situación.

Sánchez (como cualquier otro en su lugar) tiene la obligación de manejar el conflicto con la máxima cautela para reducir al mínimo los daños de todo tipo que se derivan del mismo y encontrar una solución que le ponga fin en el mejor tiempo posible, y eso no constituye ninguna humillación para el Estado. Conviene recordar que el partido político que ahora reclama la drástica reiteración del artículo155 de la Constitución con medidas extremas es el mismo que hace apenas unos cuantos meses recurrió a ese precepto constitucional con una delicadeza extrema para no echar más leña al fuego ni terminar de indignar a la mitad no soberanista de la sociedad catalana, que antes se alinearía con los independentistas que con el españolismo rancio.

En definitiva, Sánchez, como demócrata, tiene el deber inexorable (el mismo que tenía Rajoy, hay que insistir en ello) de intentar encauzar el conflicto mediante la negociación y el pacto. Y esta tentativa tiene que tener una duración ilimitada aunque la otra parte se comporte con la hosquedad que la caracteriza. Pero el Estado tiene que mantenerse firme y sobrio? a menos que el soberanismo intente volver a las andadas y promueva una nueva operación unilateral fuera del marco de la Constitución.

En definitiva, una vez que Sánchez y Torra, que ya tuvieron su primer encuentro en Madrid el 9 de julio, se han entrevistado en Barcelona, han declarado por escrito su fe en la negociación y el pacto, y han expresado "su apuesta por un diálogo efectivo que vehicule una propuesta política que cuente con un amplio apoyo en la sociedad catalana", deben avanzar sin más demora hacia "una respuesta democrática a las demandas de la ciudadanía de Cataluña, en el marco de la seguridad jurídica". Quiere decirse que, en las próximas reuniones, ya no debería ponerse en duda la necesidad del diálogo mismo, que habría de programarse e institucionalizarse. En especial, el soberanismo catalán deberá aclarar de entrada si se siente representado por el actual presidente de la Generalitat o si los dos sectores predominantes, el progresista estructurado en torno a ERC y el conservador que se aglutina en torno al PDeCAT y la Crida, acuerdan una interlocución de otro tipo. Porque para una interlocución fecunda con el Estado, es preciso que el soberanismo se ponga de acuerdo internamente y abra también un diálogo (hoy por completo inexistente) con el otro hemisferio, el del autonomismo no independentista, en el que habitan formaciones tan decisivas como el PSC y los Comunes. Debe quedar en todo caso de manifiesto que la laminación de la autonomía que piden a voces Casado y Rivera, con fuerte apoyo mediático, también indignaría a la otra mitad de los catalanes, a la que vive abrumada por un independentismo con el que no comulga.

En definitiva, cuando Torra y Sánchez se encuentren en enero, ya no pueden limitarse a enunciar generalidades (ni a lanzar más utopías, como alguna de las 21 propuestas de Torra). Por una parte, el president debe comprometerse a renunciar a las vías unilaterales y a condenar el uso de la violencia, también la verbal, lo que supone limitar las expansiones de los grupos que traspasan el umbral de la libertad de expresión e incurren en presiones callejeras inadmisibles.

Sánchez, en nombre del Estado, ha de brindar las reformas generosas que, en el estricto marco constitucional, puedan encontrar consenso suficiente en Cataluña y en España. Y sobre esta base, se ha de iniciar un largo proceso negociador. No hay tiempo para más juegos florales.

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