En las sociedades modernas se ha generado un fenómeno social de inseguridad referido fundamentalmente a las personas físicas y los bienes a partir de algunos datos objetivos ( haber sido víctima de algún delito, o simplemente el aumento de la delincuencia ) en función de los cuales se ha generado un conglomerado de temores y preocupaciones que, a través de las relaciones cotidianas, se ha convertido en una estructura social autónoma del miedo colectivo a ser víctima de algún delito: la inseguridad ciudadana.
En consecuencia la seguridad pública se ha convertido en una prioridad para las autoridades políticas de las sociedades occidentales, a través de la denominada Tasa de Criminalidad: número de delitos penales ocurridos en un determinado territorio dividido por el número de residentes estables. El pasado 9 de noviembre se publicaron los datos referidos a España y a las CC AA. En España durante los doce últimos meses hubo 45,1 infracciones penales por cada mil personas censada. En Balears 63,9/ 1000, índice inferior al trimestre anterior (65,1) y también al conjunto de 2017, pero más elevado que la media nacional. Frente a tales índices, como es lógico, los esfuerzos se centran en la disminución de la delincuencia mediante una mejora de la eficacia de las Fuerzas Y Cuerpos de Seguridad Y de los órganos judiciales. Sin duda tales medidas son necesarias, pero no son suficientes para superar el clímax personal y social repleto de inseguridades e incertidumbres.
En la construcción social del clímax de seguridad / inseguridad ciudadana intervienen otros factores que no siempre tienen correspondencia con hechos delictivos incluidos en el código penal y/o socialmente reconocidos. Los factores de inseguridades e incertidumbres también tienen que ver con el clímax persona/familiar en relación con el marco económico, social y político en que se vive y convive. Tal investigación, denominada índice de Victimización, se efectúa desde el 2.002 por la Fundación Gadeso. En el número 352 de Quaderns Gadeso (gadeso.org) se incluyen los resultados correspondientes a setiembre-noviembre 2.018.
A pesar de mejoras macroeconómicas, en el contexto microeconómico, empresarial y familiar, se percibe inestabilidad y escasas perspectivas de futuro. En plena postcrisis, un tercio de los ciudadanos/as de Balears manifiestan haber sufrido, personalmente y/o en su entorno próximo, hechos y sentimientos de inseguridad, desconcierto, incertidumbres y miedos que se concretan en malestar social. En el área profesional/laboral no existe garantía de estabilidad. Están hipotecadas unas condiciones dignas de bienestar: el acceso a una vivienda, a unos servicios públicos, a bienes /equipamientos en igualdad de oportunidades y condiciones. Las denominadas clases medias y los/las jóvenes son víctimas privilegiadas. Tal malestar se visualiza en realidades cotidianas tales como la "pequeña" delincuencia; la presencia de mendigos y de gente sin trabajo; la visibilidad de situaciones críticas (colas en bancos de alimentos, desalojo de viviendas€); la presencia de inmigrantes. Y las soluciones propuestas son "lógicas": leyes más resolutivas con la delincuencia, más y mejor presencia de fuerzas de seguridad, expulsión de inmigrantes sin papeles a pesar de llevar largos años entre nosotros. Pero a su vez, aparecen imputs esperanzadores: mejorar el sistema educativo, recuperar determinados valores desde los entornos familiares, reducir las desigualdades sociales€.
Pero, además, tales realidades las vivimos y compartimos en un contexto de devaluación de todo lo que huele a política, que no se percibe como instrumento de defensa de derechos básicos y de igualdad de oportunidades. Tales percepciones negativas son caldo de cultivo para falsas soluciones de talante populista, donde el "otro" es el enemigo, y "sálvese el que pueda" es la ley. Mirarnos el ombligo puede ser gratificante, pero inútil. Hasta aquí el relato, dejando para una próxima colaboración una valoración desde un contexto político y social con sus riesgos pero también con sus posibilidades.
