Entre los insatisfechos por la falta de actuación de una institución política en una cuestión urbanística, por respeto al planeamiento vigente y por el elevado monto de las indemnizaciones a que daría lugar, suele pregonarse un argumento a todas luces irrebatible: "no ha habido voluntad política". Ese dicterio, propio de quienes creen que, o bien la voluntad de los políticos está por encima de la legalidad, o bien que debe plasmarse en realidades cueste lo que cueste a la ciudadanía, ha sido y es asumido por nuestra clase política, que no tiene reparo alguno en cargar sobre la ciudadanía el coste de sufragar sus decisiones demagógicas. Pero eso sí, sin coste alguno para los protagonistas, ni en su peculio particular, ni en el lógico castigo electoral por sus irresponsables alegrías con el dinero de todos: las consecuencias judiciales tardan tantos años que a ellos casi nunca no les salpican.
Esto último es lo que ha ocurrido con las descalificaciones urbanísticas que acometió el govern Antich en 2008 con la llamada ley Carbonero, así llamada por su impulsor, cuya gestión tan negativas consecuencias ha tenido sobre nuestros bolsillos dado el importe de la deuda pública de la comunidad autónoma, de por sí elevadísima: 9.000 millones, a la que también contribuyeron los gobiernos del PP, por no hablar de su gestión en Son Bordoy, relacionada con la ruina de Sa Nostra. Es de actualidad por la necesidad del gobierno de Armengol de hacer frente a un importe de 142 millones de euros por las indemnizaciones fijadas por los tribunales, entre otras, 86 millones por la urbanización de Punta Pedrera. El Parlament ha aprobado el crédito que incluye 43 millones de ayuda por las inundaciones del Llevant entre fuertes críticas de la oposición por la frívola voluntad política de sus antecesores ideológicos en el govern. Para confirmar el escaso aprecio de la ciudadanía por una clase política que no asume ninguna responsabilidad y que al ser señalada no tiene más ocurrencia que dirigirse al adversario con el sempiterno "y tú más", la izquierda acusó a la derecha de que "más se robó con Matas", como si los desafueros de la derecha legitimaran los de la izquierda. Eso es lo que da de sí una clase política ensimismada en su realidad, ajena a la verdadera.
También ocurre lo mismo en el ayuntamiento de Palma. A raíz de la denuncia del recientemente fallecido José Luis Núñez en 2006 contra el Consell Insular de Mallorca, entonces presidido por Maria Antònia Munar, por el apaño corrupto de Can Domenge, hoy encarcelada en la carretera de Sóller, Munar consumó su particular venganza contra Núñez, decretando que la fachada marítima, cuyos solares edificables había comprado Núñez a Endesa, se convertiría en un parque y el edificio de Gesa quedaría catalogado. Ni qué decir que el PSOE, PSM e IU se sumaron entusiasmados a la propuesta, proveniente de una dirigente y un partido (UM) conocidos por su corrupción en todos los mentideros empresariales y políticos que años más tarde se confirmaría con largas sentencias de prisión. La izquierda mataba dos pájaros de un solo tiro. Conseguía el poder en las instituciones en 2007 pactando con los corruptos y se apuntaba un tanto irrebatible: en vez de casas para los ricos, otro parque para la ciudad en primera línea. Había dos voluntades políticas: la de una dirigente corrupta dispuesta a escarmentar a quien se opusiera a su santa voluntad y la de unos políticos de izquierda que, o bien eran unos irresponsables que no sabían lo que hacían o bien eran esos demagogos, también irresponsables, que, con tal de asegurarse a corto plazo un aluvión de votos en las próximas elecciones, les importaba una higa las resoluciones judiciales que recaerían sobre otros políticos y sobre la ciudadanía muchos años más tarde.
Nada de lo que dijeron los políticos de la izquierda ha sido verdad. Ni lo que con la mentira sin más, como la que Andreu Alcover (concejal de Hacienda con Aina Calvo, actual parlamentario del PSOE y antiguo consejero previo a la ruina de Sa Nostra) proclamó, que la modificación puntual del planeamiento de 2009 con la que el ayuntamiento conseguía el edificio de Gesa y el parque "no le costarían un euro a los ciudadanos", cuando para compensar a la propiedad el ayuntamiento aportaba solares de la suya en segunda línea de Nou Llevant, con un valor elevadísimo, ni que con la compensación se saldaba el coste para la ciudad de las arbitrarias decisiones de sus políticos. Pues bien así como el cartero siempre llama dos veces, así también la justicia, ocho años más tarde, anuló el planeamiento municipal devolviendo las cosas a su estado original. Ahora, Endesa reclama a Cort 130 millones de euros por los solares de la fachada marítima que se corresponde con la cifra que tuvo que devolver a la constructora de Núñez debido a la anulación de la operación de compra venta de los mismos realizada en 2004, cuando el planeamiento preveía derribar el edificio de Gesa. También reclama 40 millones más por no haber podido utilizar el edificio ni los bienes durante años. En caso de que se aceptara la compensación habrá que elevarla respecto a 2009 e incrementar el nº de viviendas en Nou Llevant. Hila, con la nueva modificación que se va a aprobar, ya ha amenazado: si Endesa sigue acudiendo a los tribunales nada podrá hacer en los solares y deberá mantener el edificio. Otro abuso de poder. De momento, el precio a pagar por una voluntad política sustentada en falsedades es exorbitante. Nadie asume responsabilidades y se va. Todos siguen en sus poltronas.
