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Jose Jaume

Desde el siglo XX

José Jaume

Juez y Fiscalía suman descrédito a la Justicia

Convengamos que el juez Miguel Florit no posee los conocimientos de historia precisos para saber que el tercer presidente de los Estados Unidos, Thomas Jefferson, fundamental en la redacción de su vigente Constitución, afirmó, tajante, que prefería una prensa libre sin gobierno a un gobierno sin prensa. Del fiscal jefe Bartolomé Barceló no hay dudas al respecto. También debemos deducir que el juez Florit desconoce o desprecia el artículo 20 de la Constitución española. De momento, y hasta nueva orden, un juez viene obligado en España a cumplirla. Miguel Florit no ha tenido inconveniente en vulnerarla, auxiliado por unos policías que han carecido de los democráticos escrúpulos que se supone han de revestir la actuación de las fuerzas de orden público constitucionales.

Seamos claros: la Judicatura española no pasa por sus mejores momentos. Su desprestigio se incrementa a diario. Ocioso es recordar lo acaecido en los últimos tiempos, desde los esperpentos del Tribunal Supremo y su presidente, el incinerado pero activo Carlos Lesmes, a tribunales varios, que, con sentencias como la de La Manada, llevan el descrédito hasta límites insospechados. Le asiste la razón el catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla, Javier Pérez Royo, cuando enfatiza que la crisis institucional española ha alcanzado a todos los pilares del sistema, incluido el tercer poder del Estado, el judicial.

El juez Miguel Florit ha quedado democráticamente inhabilitado para ejercer su magistratura. No debería seguir en su juzgado de instrucción. Si el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en funciones no fuera la institución carcomida que es de inmediato actuaría poniendo a Florit ante las responsabilidades contraídas; al tiempo, la fiscal general del Estado, María José Segarra, pondría en su sitio al fiscal jefe de Balears y al fiscal anticorrupción Juan Carrau, el muñidor. Ha hecho lo contrario: una huidiza y cobarde declaración. Sorprende que la tantas veces valiente Fiscalía Anticorrupción haya endosado la actuación de Miguel Florit.

Disipemos interesados malentendidos: las fuentes informativas de un periodista son inviolables, como lo son las comunicaciones entre abogado y cliente y médico y paciente. Lo son por una fundamental razón: constituyen la mejor salvaguarda para garantizar que el estado de derecho pervive. Actuaciones como la protagonizada por el juez Miguel Florit lo ponen en evidente peligro. Florit es de esos jueces, por sus obras los conoceréis, a los que parece que les encajaría a la perfección el esquema imperante a lo largo del franquismo: el de la Judicatura sometida al superior criterio del árbitro supremo, el general Franco, quien podía permitirse el cinismo de proclamar que "nadie haga presión a la Justicia". Florit, en aquellos tiempos, podía, de haberlos vivido profesionalmente, realizar impunemente, sin críticas, lo que ha llevado a cabo con Diario de Mallorca y Europa Press: hubiera estado sobradamente amparado por el andamiaje legal que acorzaba a la dictadura hasta que en 1978 la Constitución que Florit soslaya cambió el signo de los tiempos.

Lo que ha hecho Miguel Florit, insistamos, porque posee la gravedad para reiterarlo, es un ataque directo, sin paliativos, contra la democracia liberal, la que en Occidente está siendo asediada por autoritarismos de toda laya y condición. Si en las postrimerías del siglo XVIII Thomas Jefferson explicaba magistralmente las razones por las que sentenciaba que era preferible una prensa libre sin gobierno a un gobierno sin aquella, hoy, casi dos siglos y medio después, hay que seguir insistiendo en lo mismo. Florit no es un juez democráticamente digno. El fiscal jefe Barceló y Juan Carrau, al haberlo avalado, son igualmente indignos.

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