El 40º aniversario de la Constitución se ha celebrado en medio de una gran paradoja: nunca como ahora se ha hablado tanto de la necesidad de reformarla mientras que, por contra, la correlación de fuerzas impide un consenso para abordar cualquier modificación.
De hecho, no existe acuerdo ni sobre el grado de profundidad, a la hora de cambiar la Carta Magna. Mientras los expertos proponen una modificación limitada a la cuestión territorial, algunas formaciones (como Podemos) quieren extender la reforma a títulos como el relativo a la Corona. Esta situación lleva a que, al final, cualquier modificación se posponga a la celebración de unas nuevas elecciones... sin tener en cuenta que, con toda probabilidad, el Parlamento que emerja estará más fragmentado y polarizado.
Si nos centramos en el asunto más candente, el de la cuestión territorial, se observa que mientras los independentistas catalanes no se conformarán con nada que no sea incluir el derecho de autodeterminación, la fulgurante Vox de Santiago Abascal habla de devolver competencias al Estado y de suprimir las autonomías. Como señala la experiencia en otros países, en un panorama polarizado los extremos tiran de los moderados que compiten por el mismo espacio (en este caso, PP y Ciudadanos), por lo que un acuerdo que satisfaga a todas las partes se antoja imposible.
Así que lo más probable es que vivamos llamamientos esporádicos a favor del cambio constitucional que no dejarán de ser retóricos, mientras el panorama político seguirá emponzoñándose (en pocas semanas se iniciará el juicio a los líderes independentistas encarcelados por el intento de secesión de 2017), a la espera de ver cómo evoluciona la actual desaceleración económica. En caso de recesión, la urgencia de cualquier Gobierno para combatir la crisis llevará a olvidar cualquier tentativa de reforma constitucional.
